La investigación patrimonial sobre Claudio “Chiqui” Tapia sumó precisiones sobre las medidas solicitadas por el fiscal federal Gerardo Pollicita al juez Ariel Lijo. El expediente está vinculado con el desempeño de Tapia en CEAMSE y busca reconstruir la evolución de sus bienes, ingresos y movimientos económicos.

Entre los requerimientos informados aparecen el levantamiento de los secretos bancario, fiscal y del mercado de capitales, además de pedidos a ARCA por declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales. También se solicitaron datos a ANSES, Banco Central, Caja de Valores, Comisión Nacional de Valores y Unidad de Información Financiera.

La fiscalía pidió asimismo información a registros de la propiedad, automotores, buques y aeronaves, datos de movimientos migratorios y consultas destinadas a determinar si existen inversiones en criptoactivos. Entre los organismos registrales mencionados figura el Registro General Inmobiliario de San Juan.

Otro tramo del pedido contempla un exhorto a CONMEBOL para que informe cargos ejercidos por Tapia, períodos, ingresos percibidos y cuentas utilizadas para acreditar esos fondos. La finalidad declarada es reunir documentación suficiente antes de encargar un análisis patrimonial, económico y financiero integral.

Las fuentes periodísticas consultadas difieren en el conteo total de medidas solicitadas, por lo que esta actualización no fija una cifra cerrada y se concentra en los requerimientos concretos que coinciden en la documentación publicada.

La apertura de estas medidas de prueba no acredita enriquecimiento ilícito ni determina responsabilidad penal. Tapia conserva la presunción de inocencia y las conclusiones dependerán de la evidencia que se incorpore y de las resoluciones judiciales posteriores.