El Gobierno nacional anunció medidas dirigidas a empresas y personas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en el área de las Islas Malvinas. El planteo argentino sostiene que esas operaciones se realizan sin la autorización que exige el país.

La información difundida menciona actuaciones sancionatorias sobre 45 firmas y particulares, junto con una denuncia penal que alcanza a compañías relacionadas con Navitas, JHI y Eco. La apertura o el anuncio de un procedimiento no equivale a una condena.

Uno de los proyectos bajo discusión es Sea Lion, en la cuenca Malvinas Norte. Navitas participa con el 65% y Rockhopper con el 35%; el calendario informado ubica el inicio de producción en 2028.

Las empresas invocan las licencias otorgadas por las autoridades isleñas, mientras Argentina cuestiona su validez en el marco de la disputa de soberanía. La evolución de las actuaciones y del proyecto requiere seguir las comunicaciones oficiales y las respuestas de las compañías.