Al menos 16 jóvenes se presentaron ante la Justicia sanjuanina por el presunto uso de sus imágenes para crear contenido sexual falso con herramientas de inteligencia artificial. La investigación se tramita en la UFI CAVIG y se vincula con un estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan. El número de denunciantes aumentó respecto del comienzo de la causa, pero la pesquisa todavía debe determinar qué archivos existieron, cómo fueron producidos y si se compartieron.
El fiscal Alberto Martínez conduce las actuaciones preliminares. Hace aproximadamente dos semanas se realizó un allanamiento en un domicilio de Rawson por orden del juez de Garantías Javier Figuerola. Los investigadores secuestraron un teléfono, una tableta y una computadora para efectuar pericias. Su contenido no había sido establecido públicamente al momento de la información consultada. El estudiante señalado no fue detenido ni había recibido una imputación penal, según la cobertura disponible.
La Justicia dispuso medidas de protección para evitar acercamientos y contactos con las denunciantes. La restricción también afecta la asistencia presencial del investigado a la facultad y fija una distancia mínima de 200 metros. Son medidas preventivas mientras se esclarecen los hechos; no constituyen una sentencia sobre la existencia de un delito. Las identidades de las estudiantes que realizaron denuncias deben preservarse para evitar una nueva exposición de su intimidad.
La extracción forense de los dispositivos será una de las claves del expediente. Permitirá establecer si se generaron imágenes manipuladas a partir de fotos de las jóvenes, si fueron almacenadas, si circularon y si intervinieron otras personas. También condicionará el posible encuadre jurídico. La ausencia de una figura penal específica para toda imagen sexual sintética no resuelve automáticamente cada caso: otras conductas eventualmente acreditadas pueden ser analizadas bajo normas vigentes.
El daño potencial de estas manipulaciones va más allá del archivo digital, porque una imagen falsa puede circular como si documentara un hecho real. Por eso corresponde informar con precisión y sin reproducir ni describir material íntimo. Hasta que la investigación establezca los hechos, se trata de denuncias y medidas de pesquisa, no de culpabilidad demostrada. La evolución de las pericias y cualquier decisión formal de la fiscalía marcarán el siguiente paso.
El salto desde las dos primeras denuncias a las 16 informadas este jueves exige revisar la situación procesal con cuidado. La cantidad de presentaciones muestra que más personas comunicaron posibles daños, pero no permite dar por acreditado que cada denuncia describa la misma conducta ni que todo el material haya circulado. El análisis individual de archivos, fechas y consentimiento es parte del trabajo pendiente de la fiscalía.
La investigación ocurre en una facultad en la que las partes pueden compartir clases y espacios. Por eso las restricciones de acercamiento cumplen una función de resguardo mientras se realizan las pericias. También deben protegerse las trayectorias académicas de las denunciantes para que colaborar con la Justicia no signifique perder acceso a sus estudios. Esas consecuencias institucionales requieren respuestas cuidadosas y verificables, sin adjudicar delitos antes de que exista una acusación formal.
La pericia deberá preservar la cadena de custodia de los dispositivos y documentar cualquier hallazgo de forma que pueda ser discutido en el proceso. Una denuncia por creación de imágenes falsas y una denuncia por difusión no son necesariamente equivalentes: involucran acciones y pruebas diferentes. El resultado de ese examen permitirá saber si la fiscalía dispone de elementos para formular cargos o debe adoptar otro camino.
