La reducción del empleo público volvió al centro del debate por el Presupuesto 2027. En una reunión informativa de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Matías Fariña, afirmó que la administración nacional tiene 81.000 empleados menos que en diciembre de 2023. La exposición se realizó el martes 27 de octubre y también participó el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace.

Fariña repasó además la convocatoria a retiros voluntarios para parte del personal de la Administración Pública Nacional centralizada. El régimen ya había sido aprobado por el Decreto 1203/2026, publicado el 19 de octubre, y prevé adhesiones entre el 1 y el 30 de noviembre. La medida se inscribe en la continuidad del achicamiento estatal que el funcionario defendió ante los diputados. La cifra de 81.000 corresponde a su balance acumulado desde el comienzo de la gestión, no a bajas decididas durante la reunión.

El secretario vinculó esa reducción con una reorganización de dependencias: los ministerios pasaron de 18 a ocho, según el detalle presentado. Sostuvo que el Ejecutivo revisó las competencias de los organismos y eliminó estructuras cuyas funciones estaban duplicadas. Su explicación apuntó a que el cambio no se limita a reducir la dotación, sino que también modifica qué tareas realiza el Estado y cómo las distribuye.

Entre las herramientas utilizadas, mencionó el régimen de disponibilidad contemplado en la Ley de Empleo Público. Explicó que se recurrió a ese mecanismo frente a áreas superpuestas, cierres de dependencias o situaciones en las que la administración consideró que había más personal del necesario. A la vez, rechazó que el ahorro obtenido fuera transitorio: aseguró que no se crearon puestos nuevos para reemplazar los eliminados.

Otro de los objetivos anunciados para 2027 es reunir en un sistema único la liquidación de sueldos estatales. Según la cobertura de LA NACION sobre su exposición, Fariña señaló que actualmente esa tarea se distribuye entre más de 150 sistemas distintos. La iniciativa fue presentada como un cambio administrativo por desarrollar, y no como una plataforma que ya esté funcionando de manera unificada en toda la administración nacional.

Cacace, por su parte, defendió la desregulación como un proceso que excede el presupuesto propio de su ministerio. Sostuvo que, aunque se trata de la jurisdicción de menor tamaño, sus intervenciones pueden reducir costos en otras áreas del Estado y también en las actividades de ciudadanos y empresas. Incluyó en ese planteo los trámites, los impuestos y las reglas que condicionan el funcionamiento de distintos mercados.

El secretario relacionó esa agenda con las reformas impulsadas a partir de la Ley Bases. Su argumento fue que las modificaciones regulatorias, incluso las que parecen acotadas, pueden cambiar la estructura de sectores económicos. Presentó así la reorganización administrativa y la eliminación de restricciones como dos componentes del mismo programa, frente a una comisión que analiza la asignación de recursos para el próximo ejercicio.

La oposición cuestionó el balance. Ernesto Alí reclamó poner el foco en las rutas, mientras Sabrina Selva advirtió sobre el deterioro de caminos nacionales. Germán Martínez pidió evitar un dictamen apresurado y acercar esa instancia a la fecha prevista para discutir el presupuesto en el recinto. Sus intervenciones trasladaron el eje desde el ahorro anunciado hacia el funcionamiento de los servicios.

La reunión fue informativa y no aprobó el Presupuesto 2027. Las exposiciones dejaron planteadas dos discusiones vinculadas: qué estructura estatal financiará el próximo presupuesto y cómo se evaluarán los resultados de los recortes. Mientras el Ejecutivo defendió la reducción de cargos y costos, los cuestionamientos opositores pusieron el acento en la capacidad de respuesta de las áreas alcanzadas.