Un análisis de datos sanitarios de Dinamarca detectó que los niños y adolescentes diagnosticados con trastorno por déficit de atención e hiperactividad o con trastorno del espectro autista en años recientes se parecen más, en varios indicadores previos, a la población general que quienes recibían esos diagnósticos una década atrás. El resultado ayuda a investigar cómo cambió la población identificada por los sistemas de salud, pero no demuestra que las condiciones sean menos severas o que los profesionales estén diagnosticando de más.

La investigación fue realizada por equipos vinculados con ISGlobal y la Universidad de Aarhus y publicada en JAMA Psychiatry. Analizó información de más de 2,1 millones de niños y adolescentes. Dentro de esa población comparó a más de 71.000 jóvenes diagnosticados entre 2012 y 2022 con más de 713.000 personas sin los dos diagnósticos. El diseño permite observar tendencias amplias en un país con registros disponibles, aunque no establece por sí mismo una causa única para el incremento de diagnósticos.

Los investigadores examinaron asociaciones con factores como nacimiento prematuro, bajo peso al nacer, antecedentes familiares de salud mental y características socioeconómicas. Al comienzo del período, un niño con bajo peso de nacimiento tenía una probabilidad de diagnóstico 54% mayor que uno con peso normal; hacia el final, esa diferencia se había reducido al 17%, según la información difundida sobre el estudio. También se atenuaron otras diferencias entre los grupos comparados.

Entre las explicaciones posibles figuran una mayor conciencia social, cambios en el acceso a evaluaciones y una detección más amplia por parte de los sistemas educativos y sanitarios. Ninguna de esas hipótesis queda cuantificada de manera exclusiva por el análisis. Un aumento del número de diagnósticos puede responder a varias dinámicas al mismo tiempo, incluidas transformaciones en la búsqueda de atención y en los criterios aplicados.

Los autores piden estudiar si el patrón se repite en otras poblaciones. Sus hallazgos se obtuvieron con registros de Dinamarca y no autorizan a calcular tasas equivalentes para San Juan o Argentina. En la práctica, el trabajo aporta evidencia para discutir cómo se identifica a las personas y qué apoyos necesitan, sin sustituir la evaluación clínica individual. Tampoco convierte un factor de riesgo estadístico en una herramienta para confirmar o descartar un diagnóstico de una persona concreta.

La reducción de una diferencia relativa tampoco implica que el riesgo asociado con el bajo peso haya desaparecido. Pasar de 54% a 17% más probabilidad significa que la asociación observada disminuyó en el período, dentro de las definiciones y controles usados por los investigadores. El dato no permite calcular el riesgo individual de un niño sin conocer el resto de su historia clínica ni su entorno. Evitar esa extrapolación es especialmente importante en temas que afectan decisiones de familias y docentes.

La comparación entre cohortes diagnosticadas en distintos años también plantea preguntas para las políticas públicas. Si más personas acceden a una evaluación, las necesidades de apoyo, seguimiento y recursos educativos pueden cambiar. El estudio no mide directamente cómo funcionan esos servicios en San Juan. Sí ofrece una pregunta útil para futuras investigaciones locales: qué proporción de niñas y niños logra llegar a una evaluación oportuna, con criterios clínicos claros, y qué acompañamiento recibe después.

La investigación tampoco establece que todos los cambios se deban a tecnología nueva de diagnóstico. La mayor disponibilidad de información, la formación profesional y el acceso a servicios son hipótesis planteadas por sus autores. Presentar una explicación como certeza excedería lo medido. Esa cautela es compatible con reconocer que los registros de una década muestran un cambio relevante en la composición del grupo diagnosticado.