El Gobierno de Mendoza presentó este miércoles un proyecto para declarar la emergencia por riesgo hidrometeorológico y climático en todo el territorio provincial durante ciento ochenta días. La iniciativa busca dotar al Ejecutivo de herramientas para acelerar tareas preventivas y responder a posibles contingencias durante la temporada 2026-2027. El envío a la Legislatura es el hecho nuevo de la jornada: la cobertura revisada no acreditaba todavía la sanción de la norma.

La propuesta prevé que el plazo pueda extenderse por otro período de hasta medio año mediante un decreto fundado. Esa posibilidad forma parte del texto impulsado por el Gobierno y dependerá de las condiciones que queden establecidas si la ley se aprueba. No debe interpretarse como una emergencia de un año ya declarada. También corresponde distinguir los ciento ochenta días previstos de una fecha de finalización que solo podrá calcularse cuando se determine su entrada en vigencia.

Entre las herramientas planteadas aparecen procedimientos de contratación más rápidos y la ejecución de obras hidráulicas urgentes. El proyecto contempla mantenimiento de cauces, canales y redes de drenaje urbanas y rurales. El objetivo es reducir demoras administrativas en tareas vinculadas con el riesgo climático, aunque la iniciativa no comunica por sí sola la adjudicación de cada obra ni una lista de contratos ya firmados con proveedores.

El Gobierno de Alfredo Cornejo también propone ampliar las capacidades de monitoreo y alerta temprana. La coordinación incluirá al Ejecutivo, los municipios, el Departamento General de Irrigación y empresas que prestan servicios públicos. Esa articulación busca identificar puntos críticos y organizar intervenciones antes de posibles crecidas o tormentas. La dimensión provincial del plan no elimina la necesidad de evaluar condiciones locales y las particularidades de cada cauce o sistema de drenaje.

Las contrataciones excepcionales quedarían limitadas a necesidades relacionadas con el fenómeno climático. La cobertura de Tiempo de San Juan señala que el proyecto exige razonabilidad, transparencia, publicidad y control posterior de los procedimientos. Esas condiciones forman parte del diseño legislativo anunciado. La evaluación de su cumplimiento requerirá conocer las actuaciones concretas si se utiliza el régimen, y no puede darse por realizada con la sola presentación del texto.

La iniciativa se suma a un plan de contingencia que Mendoza comenzó a delinear en agosto. Las reuniones previas incluyeron autoridades provinciales, intendentes y organismos especializados para considerar posibles escenarios de la próxima temporada. El proyecto busca respaldar legalmente ese trabajo preventivo sobre infraestructura, servicios esenciales, zonas productivas y áreas habitadas. El antecedente explica el recorrido de la propuesta, pero no significa que se haya informado una catástrofe en curso en toda la provincia.

El esquema contempla además tareas sobre caminos y áreas que sostienen actividades productivas. El riesgo hidrometeorológico puede afectar tanto el escurrimiento como la circulación y el acceso a servicios, por lo que la propuesta articula obras preventivas con preparación de recursos para intervenir ante contingencias.

El Niño puede influir sobre patrones meteorológicos regionales, pero la presentación legislativa no permite asegurar lluvias o daños con una intensidad uniforme en cada localidad. La medida responde a un análisis de riesgo y a la preparación institucional. El paso siguiente será el tratamiento parlamentario, donde podrán discutirse plazo, facultades y mecanismos de control. Hasta que exista una decisión de la Legislatura, la información comprobada es el pedido del Ejecutivo de un marco extraordinario para prevención y respuesta, con obras y coordinación que deberán concretarse mediante actuaciones posteriores.