Las 28 aves silvestres recuperadas en operativos realizados en Rawson y Chimbas entraron en una etapa de evaluación veterinaria. No serán liberadas automáticamente después del rescate: primero deberán revisarse su estado de salud, completar una cuarentena y determinar si conservan condiciones para volver a vivir en el ambiente que corresponde a cada especie. Esa decisión individual es el nuevo paso de un procedimiento que comenzó con una investigación sobre tenencia y posible comercio no autorizado.
Los allanamientos se concretaron el jueves con personal de la Secretaría de Ambiente, apoyo del Escuadrón 66 San Juan de Gendarmería Nacional y autorización del Tercer Juzgado de Faltas. En los domicilios se secuestraron también jaulas y tramperos. Esos elementos quedaron a disposición de la Justicia, que deberá determinar las responsabilidades que correspondan. La existencia de aves cautivas y material de captura es un dato del procedimiento; la calificación penal o administrativa de conductas individuales requiere una resolución de la autoridad competente.
En Rawson se recuperaron 14 ejemplares: seis benteveos, siete diucas y un jilguero español, de acuerdo con el detalle difundido. En Chimbas hubo otros 14, entre ellos diucas, jilgueritos, un rey del bosque, un mirlo, un siete colores, un zorzal y un corbatita. La diversidad de especies vuelve especialmente importante la evaluación separada: sus necesidades de alimentación, adaptación y lugar de liberación pueden ser diferentes.
Los inspectores habían seguido durante un tiempo puntos vinculados con la presunta venta de aves hasta identificar los domicilios revisados. Después del decomiso, los animales pasaron a profesionales que deberán observar secuelas del cautiverio, posibles enfermedades y capacidad de supervivencia. Si un ejemplar está apto, la eventual liberación debe hacerse en un área adecuada a su distribución natural y bajo condiciones sanitarias seguras. Si no lo está, la autoridad tendrá que disponer otra forma de cuidado.
La Ley Provincial 606-L regula la protección de la fauna silvestre y prohíbe la captura y tenencia sin autorización. El episodio muestra por qué un rescate no termina cuando se retiran las jaulas: sigue un proceso técnico y legal. Las novedades comprobables serán los informes veterinarios, la resolución sobre cada ave y el avance de las actuaciones judiciales.
La cuarentena también protege a otras poblaciones animales. Un ave que estuvo cautiva pudo compartir espacio con especies de orígenes diferentes y exponerse a enfermedades que no deben introducirse en un ambiente natural. El examen veterinario permitirá definir tratamientos y tiempos de observación. La decisión de liberar no depende únicamente de que el animal pueda volar: también se valora si puede alimentarse y desenvolverse por sí mismo en un hábitat apropiado.
La investigación previa del área de Fauna ayuda a explicar por qué los allanamientos ocurrieron en dos departamentos el mismo día. Aun así, no está acreditado públicamente que ambos domicilios formen una única red ni que todas las aves provengan de un mismo sitio de captura. La autoridad judicial tendrá que analizar el material secuestrado y las eventuales defensas de las personas involucradas. Mientras tanto, las fotografías del rescate deben leerse como registro del operativo y no como prueba suficiente de culpabilidad individual.
El siguiente parte oficial debería especificar cuántos ejemplares superaron la revisión inicial, qué tratamientos precisan y cuándo podría decidirse una liberación. Hasta conocerlo, cualquier pronóstico sobre la supervivencia de las 28 aves sería prematuro.
El control de especies y hábitats será parte esencial de cualquier traslado posterior.
