La Universidad Nacional de San Juan y Energía Provincial Sociedad del Estado firmaron un acta complementaria para estudiar el subsuelo provincial mediante el reprocesamiento de información existente. El proyecto se extenderá durante dos años y sumará especialistas, equipamiento y programas del Instituto Geofísico Sismológico Volponi. La tarea se organizará por cuencas y apunta a producir una base de conocimiento más útil para futuras investigaciones y decisiones públicas.

Jorge Castro, decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, dijo a Diario Huarpe que el alcance incluye más de 6.000 kilómetros de líneas subterráneas. La cifra se refiere al material que se analizará, no a nuevas perforaciones ni a una extensión física de obras iniciadas. Castro señaló que es la segunda acta complementaria firmada con EPSE este año y destacó el valor de contar con datos actualizados y comparables.

Una parte importante del desafío está en reunir registros obtenidos en épocas distintas y con tecnologías diferentes. Mario Giménez, integrante del Instituto Volponi, situó los antecedentes más antiguos aprovechables en 1965. Mencionó también el trabajo impulsado durante la década de 1980 y estudios posteriores en la zona de Tamberías. Digitalizar, organizar y reinterpretar esa información puede revelar patrones que no eran visibles con herramientas anteriores, pero los resultados dependerán del procesamiento técnico y de la calidad de cada registro.

Entre los usos posibles se mencionaron investigaciones de geotermia, hidrología profunda y geología regional. Esas aplicaciones muestran la amplitud del proyecto: conocer el subsuelo puede orientar estudios sobre recursos energéticos y agua, sin implicar que se haya descubierto un yacimiento ni que exista una explotación aprobada. Los investigadores aludieron también a antecedentes de pozos petroleros en San Juan; cualquier conclusión sobre hidrocarburos requerirá evidencia específica y evaluación independiente.

La firma abre una etapa de trabajo científico e institucional. En los próximos dos años será importante conocer qué datos se lograron integrar, qué mapas o informes se elaboraron y cómo se pondrá la información a disposición de áreas públicas y académicas. Esos productos, más que el acta por sí sola, permitirán valorar el alcance del convenio.

La reutilización de información antigua tiene una ventaja práctica: aprovecha estudios ya pagados en lugar de comenzar toda la exploración desde cero. También tiene límites. Los instrumentos, la resolución y el modo de registrar datos cambiaron a lo largo de seis décadas. Los especialistas deberán documentar esas diferencias antes de unir capas o comparar sectores. Una imagen más ordenada del subsuelo no sustituye verificaciones de campo cuando se pretende sustentar una inversión, un proyecto hídrico o una decisión regulatoria.

El convenio combina el conocimiento académico del Volponi con una empresa estatal interesada en recursos energéticos. Esa relación puede producir herramientas útiles para distintas áreas, siempre que se expliciten metodologías, alcance y resultados. Si los datos sirven para geotermia o para hidrología profunda, cada aplicación necesitará estudios propios y evaluaciones ambientales cuando corresponda. El anuncio de más de 6.000 kilómetros de líneas a examinar describe el volumen de trabajo; no es una estimación de reservas ni de agua disponible.

La sistematización puede permitir que investigadores y organismos públicos formulen preguntas más precisas sobre cada cuenca. Para la ciudadanía, la transparencia sobre qué información se produce y qué porción será pública será un indicador adicional de la utilidad del proyecto.

Los informes técnicos permitirán además identificar vacíos de información que requieran nuevas mediciones.