La investigación por el Acueducto Gran Tulum incorporó una definición de calendario: la Oficina Judicial fijó para el miércoles 14 de octubre la audiencia de formalización solicitada por los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro. Según la información difundida este jueves por medios provinciales, once personas vinculadas al expediente fueron notificadas y deberán presentarse ante la jueza de Garantías Mónica Lucero.

La audiencia es una instancia del proceso penal y debe distinguirse de una sentencia. La investigación busca establecer si existieron irregularidades en diferentes etapas de una obra pública, pero las sospechas y las diligencias realizadas no equivalen a una determinación de responsabilidad. La notificación permite que las personas alcanzadas conozcan la existencia del procedimiento y ejerzan sus derechos de defensa.

Entre los notificados aparece el exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac. La cobertura consultada también incluye a exfuncionarios relacionados con Obras Sanitarias Sociedad del Estado, a integrantes del área de Infraestructura y a una persona vinculada con la empresa proveedora de cañerías. La intervención de cada uno deberá ser precisada por la Fiscalía dentro del proceso, sin atribuir automáticamente a todos una misma conducta.

El expediente se originó a partir de una denuncia presentada en diciembre por el abogado Marcelo Arancibia. Los puntos bajo análisis incluyen la contratación y provisión de los caños, posibles sobreprecios y cuestionamientos sobre la calidad de los materiales. Son ejes de investigación que necesitan respaldo documental y valoración judicial; hasta el momento, la información accesible no permite presentar ninguno como una conclusión definitiva del caso.

Durante septiembre se realizaron allanamientos en oficinas y dependencias vinculadas con Krah. En esos procedimientos se secuestraron documentos y equipos informáticos para su análisis. La recolección de ese material busca incorporar elementos que permitan reconstruir decisiones, contrataciones y comunicaciones relacionadas con la obra. Su existencia no anticipa el contenido de los resultados ni reemplaza la discusión de las pruebas.

La fecha fijada permitirá concentrar el próximo paso en una audiencia ante la magistrada. Allí deberá conocerse el alcance de la presentación fiscal y podrán intervenir las defensas. Los medios también informaron que varias de las personas notificadas ya cuentan con abogados particulares. Quienes no designen uno pueden recurrir a la defensa oficial, de acuerdo con las garantías previstas para el proceso.

Tiempo de San Juan señaló que la Fiscalía de Estado participará como querellante y que se prevé la presencia de su titular, Sebastián Dávila, junto con representantes del organismo. Esa intervención se vincula con los intereses de la Provincia. Debe diferenciarse del papel de los fiscales penales que impulsan la investigación y del de la jueza, a quien le corresponde resolver las cuestiones sometidas a su consideración.

La dimensión pública del acueducto explica el interés de la causa: se trata de una infraestructura vinculada con el abastecimiento de agua y con decisiones de contratación estatal. Esa relevancia exige un seguimiento preciso, tanto de las posibles irregularidades como de las respuestas de las personas investigadas. El estado del expediente deberá evaluarse por sus actuaciones y no por la trascendencia política de algunos nombres.

La novedad de este jueves es, entonces, la fijación de una fecha para la formalización después del pedido de la Fiscalía. Hasta que se realice la audiencia, no corresponde adelantar su resultado, una acusación definitiva ni medidas que todavía no hayan sido resueltas. El 14 de octubre será la próxima instancia anunciada para conocer cómo continuará la investigación del Acueducto Gran Tulum.