Un hombre fue detenido en el sector de consultorios externos del Hospital Rawson en una investigación por presuntos cobros a pacientes para agilizar turnos y conseguir indicaciones médicas. La información conocida este miércoles señala que el sospechoso no pertenece a la planta del hospital. La Fiscalía también analiza el uso de un sello con el nombre de un profesional del establecimiento y de documentos que podrían haber sido confeccionados para dar apariencia de legitimidad a la maniobra.
La investigación comenzó a partir de una denuncia. Según las fuentes del expediente citadas por 0264 Noticias, el hombre afirmaba tener influencias dentro del centro de salud y ofrecía acceso más rápido a turnos a cambio de dinero. Diario de Cuyo reportó un cobro de sesenta mil pesos en la cobertura del caso. Esa suma debe entenderse como parte de la maniobra denunciada y no como un arancel oficial del hospital ni como un monto acreditado para todos los pacientes involucrados.
Personal del establecimiento advirtió una de las situaciones que se investigan y alertó a las autoridades. El sospechoso fue aprehendido en el lugar. Durante el procedimiento se secuestraron el sello y varias indicaciones que los investigadores consideran posiblemente apócrifas. El secuestro de esos elementos permite analizarlos como evidencia, pero la evaluación final sobre su origen y uso depende de las pericias y de las actuaciones judiciales.
La causa quedó a cargo de la UFI Delitos Especiales, con intervención del fiscal Iván Grassi y del ayudante fiscal Pablo Orellano. Entre las cuestiones que deben establecer figuran la cantidad de personas que pudieron haber pagado por el supuesto servicio y los movimientos del sospechoso dentro del hospital. La cobertura consultada no informó un número definitivo de damnificados ni una cifra total de dinero recaudado mediante la actividad investigada.
Otro punto es la condición profesional del detenido. La Fiscalía busca determinar si posee título de enfermero y si presta o prestó servicios en alguna otra repartición sanitaria. Lo que se informó hasta ahora es que no trabaja en el Rawson. Esa diferencia evita confundir la investigación con una imputación al conjunto del personal del hospital o con una confirmación de que la persona estaba habilitada para ejercer una profesión sanitaria.
El origen del sello también permanece abierto. Los investigadores deben establecer si fue sustraído o si se confeccionó para el supuesto engaño. La presencia del nombre de un médico en ese elemento no permite atribuirle participación en la maniobra. Para determinar responsabilidades se necesitan pruebas adicionales que vinculen a cada persona con conductas específicas. La nota no identifica al profesional cuyo nombre aparecería en el sello, porque no se verificó una imputación en su contra.
La intervención empezó con una denuncia y con la advertencia del personal del hospital en los consultorios externos. Ese recorrido permitió la aprehensión y el secuestro de elementos. La reconstrucción posterior deberá establecer si los documentos corresponden a otras operaciones y cuántas personas fueron afectadas.
La investigación continúa con testimonios y recolección de evidencia. Hasta el corte de esta edición no se había comprobado una sentencia ni una decisión que fijara responsabilidades penales definitivas. El hecho nuevo es la aprehensión y la apertura de una pesquisa sobre cobros y documentación dentro de un área de atención. El próximo avance relevante será conocer el resultado del análisis de los elementos secuestrados y si se identifican otras personas afectadas, manteniendo la distinción entre la sospecha inicial y lo que logre acreditar la Justicia.
