La Legislatura de San Juan puso en análisis cuatro iniciativas del Poder Ejecutivo que abarcan vehículos decomisados, cooperación institucional, veranadas y financiamiento de equipos que trabajan con consumos problemáticos. Las reuniones se realizaron este lunes 5 de octubre en las comisiones de Justicia y Seguridad, Hacienda y Presupuesto, y Legislación y Asuntos Constitucionales. El avance informado corresponde al tratamiento en comisión: la comunicación oficial no anuncia la sanción de esas leyes ni la puesta en marcha de las medidas propuestas.
Uno de los expedientes apunta a modificar el destino final de vehículos decomisados. Se trata del proyecto número 2298, que propone incorporar a la Ley Provincial 1810-A un régimen complementario para habilitar la subasta pública o la compactación con recuperación económica. El objetivo declarado es que los recursos obtenidos se destinen a obras, programas y acciones sociales o ambientales en beneficio de la comunidad. La propuesta fue abordada por las tres comisiones que trabajaron durante la jornada.
La diferencia entre el proyecto y su aplicación es central para entender el alcance de la novedad. Lo que se encuentra bajo estudio es una modificación del procedimiento vigente, no un remate anunciado con fecha, lotes o condiciones para participar. La información difundida por la Cámara tampoco detalla una cantidad de vehículos alcanzados ni una estimación de recaudación. Esos datos no forman parte del avance legislativo comunicado este lunes.
Justicia y Seguridad también examinó el expediente 2296, destinado a aprobar un convenio marco de cooperación y asistencia entre la Secretaría General de la Gobernación, el Ministerio Público Fiscal y la Asociación CONFIAS. El acuerdo fue suscripto el 31 de agosto de este año y plantea asistencia recíproca y cooperación directa entre las instituciones. Su implementación prevé actas complementarias o convenios específicos para definir cada actividad: allí deberán precisarse el objeto, los plazos, el financiamiento y las responsabilidades de las partes.
La comisión fue presidida por Marcela Quiroga y contó con la participación de Franco Aranda, Enzo Cornejo, Stella Caparrós, Alejandra Leonardo, Juan de la Cruz Córdoba y Federico Rizo. La iniciativa sobre el convenio también pasó por Legislación y Asuntos Constitucionales. En ambos casos, la reseña oficial describe el contenido de los proyectos y las comisiones que intervinieron, sin informar una votación definitiva del cuerpo legislativo.
Por separado, Hacienda y Presupuesto y Legislación y Asuntos Constitucionales analizaron el expediente 2379, referido al acuerdo de veranadas de la temporada 2025-2026. El expediente incluye el acta acuerdo y su Anexo I. Ese instrumento fue firmado el 9 de diciembre de 2025 y regula el ingreso y la permanencia de crianceros chilenos en los Altos Valles de Calingasta. Intervinieron áreas provinciales de Gobierno, Ambiente y Recursos Hídricos, junto con Migraciones, Aduana y SENASA, y la representación regional chilena de Coquimbo. El tratamiento actual busca aprobar aquel acuerdo; no constituye un anuncio sobre una nueva temporada.
El cuarto asunto fue el expediente 2286, que propone ratificar adendas a los convenios entre el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y los 19 municipios. Los acuerdos sostienen el programa U.M.Co.P, orientado a prevención, asistencia, rehabilitación y reintegración social de personas con consumos problemáticos. Las adendas incorporan un aporte económico adicional para los honorarios de profesionales y personal operativo. La comunicación no consigna montos. La articulación prevista une a la Dirección de Prevención y Asistencia con cada departamento, mientras las iniciativas continúan su recorrido parlamentario.
