El Gobierno de Santa Cruz se reunió este martes 22 de septiembre con representantes de Newmont para revisar las actas y los requerimientos surgidos de inspecciones recientes en Cerro Negro, la operación aurífera próxima a Perito Moreno. La provincia informó que cada observación debe atenderse dentro del plazo fijado por el organismo competente. La reunión constituye un seguimiento administrativo; el comunicado no anuncia una clausura nueva ni certifica que todas las observaciones hayan sido subsanadas.
Participaron autoridades de Energía y Minería, fiscalización ambiental, Recursos Hídricos, Trabajo, Seguridad y Transporte, junto con equipos legales, técnicos y laborales de la empresa. Según la comunicación provincial, el repaso comprendió policía minera, condiciones ambientales y de seguridad, transporte, cuestiones hídricas y obligaciones de empleo. No se difundió en esa publicación un listado público de cada acta con su fecha de vencimiento y respuesta de la operadora.
La provincia también planteó el cumplimiento de su esquema de contratación de trabajadores residentes, conocido como 90/10. Ese punto debe leerse como parte de la agenda de control comunicada por el Gobierno; el encuentro, por sí solo, no demuestra un incumplimiento específico de la proporción ni permite cuantificar la dotación de la mina.
Cerro Negro atravesó días de inspecciones y una reanudación progresiva de actividades informada anteriormente por la empresa. El próximo paso verificable será el resultado de las fiscalizaciones y la documentación que presenten las partes sobre cada requerimiento. Esta nota se basa en el parte oficial y su cobertura posterior; al cierre no se incorporó una respuesta específica de Newmont a las observaciones repasadas en la reunión.
