El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este domingo que su Ejecutivo trabaja para llevar un nuevo real decreto ley sobre vivienda al Consejo de Ministros del martes. Lo hizo mientras continuaba una acampada en la Puerta del Sol de Madrid impulsada por organizaciones de inquilinos. La promesa señala una fecha de discusión gubernamental, pero no equivale a una norma aprobada ni garantiza todavía su ratificación parlamentaria.

En un acto en Getafe, Sánchez pidió a los grupos políticos un esfuerzo para convalidar el futuro decreto en el Parlamento. La presión aumentó tras el desalojo de Maricarmen, una mujer de 87 años, de la vivienda en la que residía. Ese episodio motivó una manifestación multitudinaria el sábado y se convirtió en referencia de la protesta por el acceso a la vivienda. Los acampados planeaban pasar otra noche en el centro de la capital española.

El Sindicato de Inquilinas advirtió que mantendrá la movilización si el texto del martes no incluye contratos de alquiler indefinidos. Es una demanda de la organización, no una disposición ya incluida en una norma definitiva. A la vez, la coalición gubernamental enfrenta diferencias sobre el alcance de las medidas. La vicepresidenta Yolanda Díaz sostuvo que no les bastaría cualquier decreto y reclamó una intervención sobre los grandes fondos de inversión inmobiliaria.

El debate tampoco termina en el Consejo de Ministros. Un decreto ley debe ser convalidado por el Congreso y el Gobierno necesita reunir votos entre partidos con posiciones diferentes. Jordi Turull, secretario general de Junts, anticipó que sus diputados podrían apoyar una regulación dirigida a frenar a los llamados fondos buitres, pero advirtió contra mezclarla con medidas que, a su juicio, afecten al pequeño propietario. El PNV pidió buscar un mínimo común denominador.

La reacción en la calle también se extiende más allá de Madrid. Organizaciones de inquilinos de Cataluña convocaron una manifestación en Barcelona para el lunes, con la intención de reclamar que el paquete incluya protección efectiva para quienes alquilan. La secuencia prevista es, por lo tanto, una semana de negociaciones simultáneas: dentro del Ejecutivo para redactar la norma, entre partidos para obtener votos y con organizaciones sociales que exigen respuestas más amplias.

EFE informó además que el relator de Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada, Koldo Casla, cuestionó el desalojo de Maricarmen. Según explicó, una medida cautelar del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU pedía suspenderlo mientras se resolvía el fondo del caso. Esa crítica añade una dimensión de derechos humanos al debate, aunque la discusión concreta del nuevo decreto dependerá del contenido que finalmente apruebe el Gobierno.

Por ahora, hay tres hechos diferenciados: la declaración de Sánchez sobre el trabajo para llevar el proyecto al martes, la continuidad de la acampada y las negociaciones para una eventual convalidación. No se conoce en la cobertura consultada un articulado definitivo que permita afirmar exactamente qué cambiará para todos los contratos. La próxima comprobación será la reunión del Consejo de Ministros; después corresponderá seguir la tramitación parlamentaria y la reacción de los grupos de inquilinos.

La dimensión social de la discusión se cruza con una dificultad parlamentaria concreta. Aun si el Ejecutivo pacta internamente el texto, el Congreso puede rechazarlo. Las posiciones de Junts y PNV muestran que el contenido preciso será decisivo para los apoyos. La acampada, mientras tanto, exige disposiciones más extensas para los alquileres. Esas demandas y las propuestas de los partidos todavía están en negociación, de modo que la fecha del martes es un paso político importante, pero no el cierre del conflicto.