El proyecto Cobre San Romeleo avanzó un paso en la Legislatura de Mendoza: el Senado dio media sanción este martes 6 de octubre a la ratificación de su Declaración de Impacto Ambiental y envió el expediente a Diputados. La decisión permite continuar el trámite, pero todavía no completa la autorización legislativa ni significa que la mina de Malargüe haya comenzado a producir.

La votación se refiere a la DIA otorgada mediante las resoluciones conjuntas 600/26 de la Dirección de Minería y 74/26 de la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental. El artículo 3 de la Ley 7.722 exige la intervención de la Legislatura. El expediente había ingresado en septiembre y ahora deberá pasar por la revisión de la Cámara de Diputados para completar esa instancia.

San Romeleo pertenece a LABSA SA y prevé la operación de AREX Mining SA en la Quebrada de San Romeleo, distrito Río Barrancas. La documentación difundida al presentarse el proyecto describía una escala de 40 toneladas de mineral por día y una inversión estimada de US$3 millones para su puesta en marcha. Son previsiones del emprendimiento, no desembolsos o volúmenes de una explotación ya operativa.

Durante el debate, la senadora Jésica Laferte precisó que el proyecto se ubica a unos 160 kilómetros en línea recta del kilómetro cero de Malargüe. También informó una distancia de 20 kilómetros al río Grande y de 2,5 kilómetros a la Reserva de La Payunia. La distinción entre distancia lineal y recorrido por caminos es importante para interpretar esas referencias territoriales.

Según la comunicación oficial del Senado, la evaluación incluyó dictámenes de Irrigación, la Municipalidad de Malargüe y áreas provinciales de ambiente y biodiversidad. Intervino además la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera, con participación de organismos públicos, instituciones científicas y universidades. Los talleres y la audiencia pública del 6 de diciembre de 2025 integran los antecedentes del procedimiento; aquella audiencia reunió alrededor de 240 participantes y 75 oradores.

Las condiciones ambientales siguen siendo parte central del camino pendiente. Antes de iniciar actividades, deberán acreditarse la línea de base ambiental, un protocolo de rescate y protección de fauna, un seguro de recomposición ambiental y la medición de la huella de carbono. Antes de cualquier movimiento de suelo, la empresa necesitará los permisos y el balance hídrico aprobado por el Departamento General de Irrigación, junto con sistemas de aforo continuo y telemedición.

La DIA también prevé pruebas de estanqueidad e impermeabilización, sistemas de contención y estudios geoquímicos. Durante la construcción y explotación habrá controles de aguas superficiales y subterráneas, polvo, ruido y residuos. El cierre requerirá un plan de recuperación aprobado con anticipación y garantías financieras; el monitoreo posterior continuará hasta que la autoridad considere que existen condiciones de seguridad adecuadas. Los estudios de impacto ambiental deberán actualizarse cada dos años.

La propuesta productiva apunta a obtener óxido de cobre como materia prima para una segunda etapa de elaboración de sulfato de cobre. En el recinto se destacó su posible relación con la agricultura mendocina, donde las sales de cobre se utilizan en distintos cultivos. El Senado informó una producción potencial de unas 700 toneladas anuales de esas sales, frente a un consumo provincial cercano a 1.000 toneladas al año; esas cifras no representan toneladas de mineral extraído.

Laferte planteó que, si se completa la ratificación y se cumplen las etapas previstas, la explotación podría comenzar entre tres y seis meses después y generar entre 20 y 25 empleos directos. Se trata de una estimación condicionada, no de una fecha de apertura confirmada. El próximo paso concreto es el tratamiento en Diputados, mientras siguen pendientes los permisos y requisitos necesarios para avanzar hacia la operación.