El Colegio de Traductores Públicos e Intérpretes de San Juan incorporó a 18 profesionales desde el 17 de abril, según el balance que su presidenta, Lorena Garay Pellice, dio a conocer este sábado 3 de octubre a Diario de Cuyo. La dirigente vinculó el aumento de inscripciones con las consultas de empresas relacionadas con la minería, que requieren principalmente trabajos en inglés y chino.

Las incorporaciones incluyen profesionales de San Juan y de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y La Rioja, algunos de los cuales completaron la matriculación a distancia. Garay Pellice señaló que la entidad busca ampliar la disponibilidad de idiomas para atender pedidos empresariales y de otros sectores. El dato informado corresponde a nuevas matrículas: la publicación no detalla cuántas contrataciones laborales se concretaron ni el volumen económico de esos servicios.

La especialización minera también tiene una expresión reciente en la formación profesional. En una entrevista difundida por Telesol el 2 de octubre, representantes del Colegio explicaron que durante septiembre trabajaron sobre documentación jurídica y técnica del sector. Según ese testimonio, las clases a distancia reunieron a más de 40 asistentes y permitieron incorporar participantes de otras provincias. El análisis de textos estuvo acompañado por un abogado, con atención a términos que aparecen en los documentos utilizados en la actividad.

La Cámara de Diputados había declarado de interés social y educativo esa capacitación, denominada El idioma de la minería: derecho, terminología y documentos. El programa oficial establecía encuentros virtuales los días 12, 19 y 26 de septiembre y una práctica presencial para el 2 de octubre en el salón Emar Acosta. Los contenidos previstos abarcaban contratos, concesiones, clasificación de minas, marco ambiental e informes de impacto ambiental. La propuesta estaba dirigida también a profesionales de derecho, ciencias económicas, contabilidad e higiene y seguridad, y tenía como docente al abogado Julio Roberto Aramayo Vázquez.

La inscripción profesional tiene un alcance específico. El texto de la Ley provincial 7717, sancionada en 2006 como modificación de la Ley 7696, dispuso que la traducción pública debía ser realizada, firmada y sellada por un profesional matriculado, y legalizada por el Colegio. Ese requisito explica por qué la nómina institucional resulta relevante para quienes necesitan presentar documentación traducida con ese carácter en San Juan.

En su sitio oficial, el Colegio distingue sus funciones de las de una agencia comercial: reúne y regula a los profesionales, pero no opera como empresa de traducción ni como bolsa de empleo. Las personas y compañías que buscan un servicio pueden consultar el listado de matriculados publicado en la sección Traductores. La entidad certifica la firma al legalizar una traducción, mientras que la responsabilidad por su contenido corresponde al profesional que la realiza.

Para incorporarse, la institución publica procedimientos presenciales y remotos. En el trámite presencial solicita el título y una copia legalizada, revisión previa de la documentación y posterior coordinación de su entrega. También exige identificar en el sello profesional la matrícula, el tomo y el folio. Para la modalidad remota pide leer el reglamento y esperar la confirmación institucional antes de realizar el pago. La página consultada no ofrece una próxima jura remota con fecha fija: informa que se definirá para 2027. Las consultas sobre el trámite deben dirigirse al área de matriculación.

El trabajo de traducción pública alcanza, además, gestiones cotidianas ajenas a la minería. La guía del Gobierno provincial para transcribir partidas de otra jurisdicción indica que la documentación en idioma extranjero debe ser traducida por un traductor público de San Juan y llevar la firma legalizada ante el Colegio. Esa aplicación concreta muestra la utilidad de contar con profesionales registrados tanto para las empresas como para los habitantes que deben presentar documentación ante organismos provinciales.