Máximo Kirchner planteó que un eventual gobierno peronista debería auditar los proyectos incorporados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El diputado nacional lo dijo este miércoles 14 de octubre en una entrevista con Radio con Vos. Aclaró que las inversiones que estén en regla deberían continuar, con reconocimiento de los derechos adquiridos. La propuesta incorpora al debate electoral de 2027 el alcance de los beneficios que reciben los grandes emprendimientos.

“Habrá que auditar proyecto por proyecto y ver cómo se fue haciendo”, sostuvo, según la transcripción de Noticias Argentinas. Su planteo fue revisar cada expediente y el cumplimiento de las condiciones acordadas. También cuestionó la diferencia de tratamiento entre grandes inversores y empresas más pequeñas, especialmente en materia de impuestos e importación de maquinaria. Se trata de una posición política sobre una eventual gestión futura: la entrevista no anunció una medida vigente ni cambió las autorizaciones otorgadas.

El RIGI fue creado por la Ley 27.742 y está dirigido a proyectos de sectores como minería, energía, petróleo y gas, infraestructura, tecnología, turismo, siderurgia y forestoindustria. Su diseño combina beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios con garantías de estabilidad. Entre los objetivos que fija la ley figuran atraer inversiones, aumentar las exportaciones, promover empleo y desarrollar proveedores locales. Esas finalidades expresan el propósito del régimen; cada proyecto debe cumplir los requisitos para acceder a sus incentivos.

La incorporación se realiza mediante un Vehículo de Proyecto Único, conocido como VPU. Esa figura debe estar destinada al emprendimiento admitido, en lugar de extender automáticamente los beneficios a todos los negocios de una compañía. La aprobación abarca un plan de inversión y genera obligaciones para permanecer en el sistema. Por eso, el ingreso de una empresa al RIGI no equivale a una exención general para cualquier actividad que desarrolle fuera del proyecto aprobado.

La explicación de ARCA permite precisar algunas de las ventajas discutidas. Los VPU tributan una alícuota especial del 25% en el impuesto a las Ganancias y pueden optar por amortizar determinadas inversiones de manera acelerada. También disponen de mecanismos específicos para tratar pérdidas impositivas y computar el impuesto sobre débitos y créditos bancarios. Son condiciones sujetas al encuadre del régimen, que no deben confundirse con una eliminación de todos los tributos que enfrenta la actividad económica.

Otro instrumento es el uso de certificados de crédito fiscal para afrontar el IVA de inversiones y bienes destinados al desarrollo del proyecto. El organismo recaudador describe, además, reglas para los proveedores que reciben esos certificados. La estabilidad se extiende por 30 años desde la adhesión, con particularidades para los proyectos de exportación estratégica de largo plazo. Ese horizonte es una de las bases con las que el Gobierno busca dar previsibilidad a inversiones cuya ejecución y recuperación pueden demandar varios años.

La legislación ya asigna a la autoridad de aplicación funciones de seguimiento y control. El artículo 179 incluye verificar el monto mínimo de inversión, los compromisos de los primeros dos años, las demás obligaciones del régimen y la utilización adecuada de los incentivos. El artículo 178 vincula la permanencia a esos compromisos y contempla consecuencias por un uso indebido. La existencia de esas reglas permite distinguir el debate sobre cómo fiscalizar de una decisión de cancelar beneficios de manera automática.

En ese marco, la definición de Kirchner abre una discusión sobre la política de inversiones que propondría su espacio si vuelve al Ejecutivo. Para convertirse en una actuación concreta, cualquier revisión tendría que identificar expedientes, obligaciones y procedimientos aplicables. Por ahora, lo comunicado es la intención de examinar los proyectos individualmente y mantener los que cumplan las condiciones, dentro de un régimen que continúa vigente.