El ministro sanjuanino de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, hizo un balance de la colocación del bono provincial y relacionó el financiamiento con obras pendientes. En una entrevista con Tiempo Streaming afirmó que San Juan dejó atrás la situación de emergencia financiera que el gobierno había descrito al inicio de la gestión, pero sostuvo que persiste un déficit importante de infraestructura.

La provincia emitió USD 600 millones a nueve años. Según Gutiérrez, la demanda superó los USD 1.000 millones, con órdenes de inversores nacionales y extranjeros. El funcionario destacó que la tasa obtenida fue inferior a la que, de acuerdo con su comparación, pagaban títulos soberanos argentinos en ese momento. Esa lectura corresponde al ministro y no reemplaza el análisis de todos los costos y compromisos de la emisión.

Gutiérrez mencionó rutas, caminos y capacidad eléctrica como áreas que requieren inversión para acompañar la actividad productiva. También citó estudios que estiman un faltante de infraestructura provincial de entre USD 2.500 millones y USD 3.000 millones. Los principales vencimientos de capital se ubicarían en 2033, 2034 y 2035, mientras las obras financiadas se ejecutarían antes. El desafío concreto será publicar proyectos, presupuestos y avances para que pueda contrastarse el destino de los recursos con los beneficios prometidos. Un Presupuesto 2027 más realista dependerá además de los ingresos y gastos que finalmente se presenten y aprueben.

El ministro distinguió la magnitud de las órdenes recibidas del monto tomado por la provincia. Describió una demanda de más de mil millones de dólares, con alrededor de setecientos millones atribuidos a inversores extranjeros y unos trescientos sesenta millones a argentinos. San Juan adjudicó seiscientos millones. Las ofertas no adjudicadas nunca entraron en las cuentas provinciales; tampoco una colocación de deuda representa ingreso corriente libre de obligaciones futuras.

Según el funcionario, el cupón logrado ronda 9,5% y se sitúa por debajo de rendimientos que atribuyó a bonos soberanos argentinos en ese momento. Es una comparación de instrumentos de emisores distintos y con riesgos, plazos y condiciones propios. Para juzgar su costo completo hacen falta el prospecto, cronograma de intereses, amortizaciones y gastos de emisión. Los principales pagos de capital se concentrarían entre 2033 y 2035, mientras los intereses generan una carga antes de esos vencimientos.

Gutiérrez explicó que la provincia aspira a ejecutar obras viales y eléctricas antes de pagar el grueso del capital, con la expectativa de ampliar capacidad productiva. Citó estimaciones de necesidades de infraestructura de entre USD 2.500 millones y USD 3.000 millones. El bono cubre solo una parte potencial de esa demanda y todavía no equivale a obras licitadas ni terminadas. Para medir el efecto económico habrá que identificar proyectos, aprobaciones, contrataciones, plazos y resultados observables.

El ministro usó la expresión de salida de una etapa de «terapia intensiva» para describir una mejora respecto del inicio de la gestión. También anticipó un Presupuesto 2027 más ajustado a ingresos y gastos esperables. Esa evaluación política no elimina los riesgos de ejecución, de recaudación y de servicio de la deuda. El proyecto presupuestario permitirá contrastar prioridades con partidas concretas; la rendición posterior mostrará cuánto se gastó y si los beneficios de infraestructura justificaron los compromisos asumidos.

El Presupuesto será un documento para revisar cifras y prioridades, no una prueba anticipada de ejecución. La Legislatura podrá debatirlo y, después, los informes financieros deberán mostrar cómo se aplicaron los recursos del bono.