La secretaria general del Sindicato de Empleados de Comercio de San Juan, Mirna Moral, describió un escenario difícil para el sector tras el Día del Empleado de Comercio. En una entrevista con Tiempo Streaming afirmó que las ventas débiles afectan a los locales y que el gremio carece de una medición confiable del trabajo no registrado. La estimación de puestos que manejan junto con cámaras empresarias se ubica entre 13.000 y 15.000, sin incluir una cifra cierta de informalidad.

Como referencia salarial, Moral señaló un básico de $1.220.000 para una jornada de ocho horas. Indicó que se suma el presentismo del 8,34% y un adicional del 1% por año de antigüedad. Tras los descuentos, calculó un ingreso de bolsillo de alrededor de $1.100.000 para un trabajador sin antigüedad. Son valores informados por la dirigente y pueden variar por categoría, jornada, adicionales y liquidación individual.

El sindicato pretende acordar con la UNSJ un relevamiento que permita dimensionar el empleo no registrado. Moral sostuvo que algunos trabajadores temen denunciar su situación por miedo a perder el ingreso, lo que dificulta una estimación. También mencionó cierres comerciales y la necesidad de conocer cómo se resolvieron los pagos a empleados afectados. El convenio universitario, si se concreta, podría aportar datos para separar percepciones de tendencias verificadas y orientar acciones de fiscalización y asistencia.

La cifra básica comunicada por Moral corresponde a una jornada de ocho horas y debe leerse como una referencia de convenio, no como el ingreso de todos los empleados de comercio. Presentismo, antigüedad, descuentos, categoría, carga horaria y eventuales adicionales modifican el recibo individual. El 8,34% de presentismo y el 1% por cada año de antigüedad que citó la dirigente se aplican sobre bases que deben comprobarse en el recibo. Su estimación de $1.100.000 netos describía un caso sin antigüedad.

El gremio y las cámaras manejan una aproximación de entre 13.000 y 15.000 trabajadores del sector en la provincia. Moral reconoció que no hay una cuenta confiable de quienes trabajan sin registrar y propuso un convenio con la Universidad Nacional de San Juan para relevar la situación. Una denuncia sobre locales del microcentro con personal en negro muestra la inquietud sindical, pero no autoriza a calcular una tasa de informalidad sin metodología ni datos de inspecciones.

La secretaria general explicó que algunos trabajadores temen hablar de su situación por miedo a perder el ingreso. Esa dificultad puede sesgar tanto denuncias como relevamientos basados solo en respuestas voluntarias. Un estudio útil debería definir población, muestra y resguardo de identidad, además de separar empleo parcial, informalidad total y diferencias en aportes. La nota consultada no informa que tal investigación ya haya empezado ni una fecha de resultados.

Moral también se refirió al cierre de Megatón y dijo tener conocimiento de cinco empleados afectados. Señaló que tres encontraron el local cerrado y que el sindicato aún no podía confirmar cómo se habían resuelto sus liquidaciones porque no habían acudido a consultar. Es un caso concreto que ilustra la incertidumbre laboral, pero sus detalles todavía necesitan verificación. Mientras la caída de ventas presiona a comercios, el debate público requiere seguir tanto la actividad como la protección efectiva de quienes sostienen esos negocios.

Si se concreta el convenio de investigación anunciado, sus resultados ayudarán a discutir la informalidad con una base verificable. Hasta entonces, el sindicato solo ofrece estimaciones del empleo total y testimonios sobre incumplimientos.