El sistema de adjudicación de viviendas del IPV podría cambiar si avanza el proyecto que establece al sorteo público como mecanismo general. La propuesta modifica el papel del puntaje: serviría para ordenar a los grupos familiares, sin determinar por sí mismo una asignación directa.

La iniciativa contempla intervención notarial y prevé excepciones para emergencias o situaciones de vulnerabilidad extrema. Esos casos requerirían informes que fundamenten la decisión y la intervención del Poder Ejecutivo.

Otro de los puntos es la creación de un registro digital de beneficiarios, con actualización al menos anual y resguardo de los datos sensibles. El objetivo expresado es facilitar el seguimiento de las adjudicaciones.

Se trata de un proyecto, no de un cambio que deba darse por vigente. Las familias inscriptas deben continuar verificando las convocatorias y los requisitos oficiales del IPV mientras se conoce el resultado del tratamiento de la propuesta.