El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional quedó este miércoles 14 de octubre sin dictamen en la Cámara de Diputados. El plenario de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Culto y Legislación Penal volvió a reunirse, pero el oficialismo no logró cerrar las diferencias con los bloques que reclaman cambios. La Libertad Avanza buscará continuar las negociaciones la próxima semana, según la cobertura de TN sobre la reunión.

La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo reúne medidas vinculadas con la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y reformas en materia de seguridad e inteligencia. Esa combinación es el centro del desacuerdo: distintos legisladores coinciden en defender el reclamo argentino sobre las islas, pero cuestionan que ese objetivo se trate junto con cambios más amplios en las atribuciones del Estado y de las Fuerzas Armadas.

Carlos Zapata, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, encabezó la cuarta reunión del plenario. Durante el encuentro, la diputada oficialista Silvana Giudici pidió dejar de lado las diferencias partidarias para avanzar con una respuesta sobre Malvinas. Desde la oposición hubo objeciones a la relación entre defensa, seguridad e inteligencia que plantea el texto. La reunión mantuvo abiertas esas discusiones y no produjo el despacho que el Gobierno buscaba para avanzar hacia el recinto.

Entre los pedidos de modificación aparece el alcance del concepto de infraestructura crítica. Según informó Letra P, la diputada Alejandra Torres, de Provincias Unidas, reclamó estándares técnicos que permitan precisar esa definición. Eduardo Falcone, del MID, pidió preservar las facultades del Congreso frente a las disposiciones sobre operaciones marítimas y aéreas. Son puntos que afectan la forma en que se habilitarían intervenciones estatales y que los bloques quieren delimitar antes de acompañar.

También sigue en discusión la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y los mecanismos de supervisión parlamentaria. En la ronda anterior, la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, había planteado incorporar una comisión bicameral de seguimiento. Esa posibilidad no alcanzó para cerrar un acuerdo. Giudici quedó involucrada en la negociación de modificaciones con los aliados; entre los artículos señalados figura el referido a la intervención informativa extranjera en campañas electorales.

Unión por la Patria propone separar el primer tramo, centrado en las sanciones por la explotación de recursos en Malvinas, de los restantes cambios. El Gobierno sostiene el tratamiento conjunto. La diferencia no es solo sobre la redacción de artículos: también alcanza a la estructura del proyecto y a cuáles de sus disposiciones podrían reunir un respaldo más amplio. Hasta el cierre de la reunión no hubo consenso para resolver esa separación.

La posición del Ejecutivo había sido presentada por Ibarzábal Murphy ante las mismas comisiones el 7 de octubre. De acuerdo con el informe oficial de Diputados, la funcionaria explicó que la propuesta busca sancionar la explotación de recursos sin autorización argentina, generar incentivos para que esas actividades cesen y reforzar las herramientas del Estado frente a amenazas externas. En esa exposición destacó la importancia estratégica del Atlántico Sur y su vínculo con el acceso a la Antártida.

La funcionaria también señaló al proyecto petrolero Sea Lion como el primero que intenta avanzar hacia la explotación en las islas y defendió la necesidad de lograr un consenso legislativo. Esos argumentos forman parte de la defensa oficial de la iniciativa, que todavía sigue en discusión. El próximo paso será acordar un texto capaz de reunir firmas en comisión; la falta de dictamen deja pendiente su llegada al recinto y condiciona el calendario que el oficialismo pretendía concretar.