El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada obtuvo este miércoles 14 de octubre dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados, con un capítulo que propone restablecer por ley las restricciones a la propiedad extranjera de tierras rurales. El texto reunió 34 firmas en un plenario con 66 legisladores presentes, según informó la Cámara. También se presentaron dos dictámenes de minoría. La iniciativa todavía debe ser votada en el recinto y no quedó convertida en ley.

La reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General fue presidida por Nicolás Mayoraz, de La Libertad Avanza. El proyecto llegó desde el Senado con media sanción y aborda, además de la cuestión rural, cambios en expropiaciones, regularización dominial y procedimientos para recuperar inmuebles. La incorporación del nuevo capítulo modificó el texto que había enviado la Cámara alta y abrió otro punto de negociación entre el oficialismo y sus aliados.

El radical Diógenes González explicó que la propuesta de mayoría suma dos artículos. Uno deja sin efecto el artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia 70/2023; el otro restituye la plena vigencia de la ley 26.737, conocida como Ley de Tierras. El artículo del DNU que se busca dejar sin efecto es el que dispuso la derogación de esa norma. González defendió el acuerdo como una forma de resolver la cuestión mediante una ley y preservar la seguridad jurídica.

La ley 26.737 fue sancionada en diciembre de 2011. Su texto establece un límite del 15% a la titularidad o posesión extranjera de tierras rurales en el país y dispone que ese porcentaje también se calcule en cada provincia, municipio o entidad administrativa equivalente. No se trata de un cupo individual para cada comprador. La norma también limita la concentración por nacionalidad y contempla restricciones sobre determinados cuerpos de agua y zonas de seguridad de frontera.

El cambio se produjo un día antes de la sesión convocada por la oposición para intentar rechazar el DNU 70/2023 completo. Según la información publicada por Infobae, el oficialismo acordó la modificación con bloques aliados que cuestionan la eliminación de los límites a la venta de tierras, pero no acompañan el rechazo de todo el decreto. La discusión del nuevo proyecto en el recinto está prevista para el 21 de octubre, de acuerdo con ese reporte.

La oposición mantuvo sus diferencias con el conjunto de la iniciativa. Diego Giuliano, de Unión por la Patria, anunció que su bloque tendría un dictamen propio y destacó que la mayoría retomara los límites incluidos en la legislación de 2011. Paula Penacca, del mismo espacio, centró sus objeciones en el procedimiento de desalojos y sostuvo que el derecho a la vivienda debe formar parte de la protección que ofrece la norma.

Desde el Frente de Izquierda, Myriam Bregman cuestionó los efectos que podrían tener los cambios en desalojos sobre comunidades originarias. También relacionó el nuevo capítulo con la búsqueda de apoyos para la sesión del jueves. Por su parte, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, anticipó una propuesta propia y expresó que las diferencias sobre la regulación de las tierras no estaban saldadas.

El oficialismo defendió otro criterio. Marcos Patiño Brizuela, de La Libertad Avanza, sostuvo que se busca precisar los requisitos de utilidad pública en las expropiaciones y acelerar la restitución de propiedades. Al responder las críticas sobre desalojos, planteó la situación de los propietarios que deben acudir a los tribunales para recuperar un inmueble y señaló que el proyecto incorpora un trámite más breve, similar a mecanismos que ya existen en las provincias.

La firma de los dictámenes permite que la discusión continúe, pero no reemplaza la votación del pleno. Si Diputados aprueba el proyecto con las modificaciones introducidas este miércoles, deberá devolverlo al Senado para que revise esos cambios antes de una eventual sanción definitiva.