El Parlamento de Hungría votó este lunes la suspensión de la inmunidad legislativa de tres representantes, entre ellos el primer ministro Péter Magyar. La medida habilita la continuidad de investigaciones penales, pero no constituye una sentencia. Los otros dos casos corresponden a exministros de la administración anterior de Viktor Orbán y versan sobre denuncias de presunto uso indebido de fondos y sobornos.
Magyar es investigado por un episodio de junio de 2024 en el que, según la acusación, tomó el teléfono de un hombre durante un altercado en un local nocturno y lo arrojó al Danubio. El dirigente niega que su conducta configure robo y sostuvo que no cometió un delito. Antes de la votación pidió a su propia fuerza que apoyara el levantamiento de su inmunidad.
Las investigaciones referidas a los exfuncionarios son independientes y tienen una escala económica muy diferente. Associated Press informó que una examina presunta mala administración de fondos públicos equivalentes a unos USD 53,6 millones y otra posibles sobornos y retornos por alrededor de USD 37,2 millones. Esas cantidades son parte de las hipótesis investigadas, no pérdidas o beneficios ya establecidos por una condena.
La inmunidad parlamentaria protege a legisladores frente a determinados procesos que podrían impedirles ejercer sus funciones. Retirarla no elimina la presunción de inocencia y deja a cargo de fiscales y tribunales la evaluación de pruebas. El contexto político agrega relevancia a la votación: Magyar llegó al gobierno tras derrotar a Orbán, y su administración impulsa investigaciones sobre el período anterior. Cada expediente deberá seguir su curso propio.
La decisión parlamentaria sobre Magyar tiene una singularidad: el propio primer ministro solicitó que su partido votara a favor de retirar la protección procesal. Su defensa sostiene que el hecho investigado no es un robo y que el perjuicio alegado es reducido, alrededor de USD 300. Esos argumentos no cierran el expediente; serán los investigadores y eventualmente los jueces quienes determinen si existe responsabilidad penal con base en pruebas y en la legislación húngara.
El levantamiento de inmunidad de dos exministros no implica que sus causas estén conectadas con el episodio del teléfono. Una se refiere a presunta administración irregular de recursos públicos y la otra a supuestas coimas y retornos. Associated Press advierte que se investigan por separado. Agrupar las tres votaciones como una misma causa distorsionaría tanto las acusaciones como el derecho de defensa de cada persona.
En sistemas parlamentarios, la inmunidad busca impedir que procesos impulsados por motivos políticos paralicen la labor legislativa. Esa protección no debería transformarse en impunidad, pero retirarla tampoco demuestra que la acusación sea verdadera. El equilibrio se vuelve especialmente delicado cuando los expedientes involucran a un gobierno que llegó al poder después de desplazar a un adversario político de larga permanencia.
La votación abre la puerta a diligencias que antes podían estar limitadas. El público deberá seguir resoluciones de fiscales y tribunales, no deducir desenlaces a partir de la mayoría parlamentaria. La nota se mantiene en revisión editorial por tratarse de imputaciones penales a personas identificadas y separa de manera explícita lo investigado, lo que niega Magyar y el único hecho institucional confirmado: la suspensión de la inmunidad.
