El Gobierno nacional reorganizó la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, mediante el Decreto 1176/2026, publicado este miércoles 14 de octubre. La norma redistribuye funciones sobre edificios, patrimonio, transporte y seguridad presidencial, y otorga rango y jerarquía de secretario al titular de la Subsecretaría Legal. El texto afirma que la medida no aumenta la cantidad de unidades organizativas de la Administración Pública Nacional.

El decreto fue firmado el martes 13 por Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y establece su vigencia desde ese mismo día. Modifica el esquema general aprobado en 2019 y la estructura operativa de la Secretaría General establecida en 2024. La publicación permite conocer los cambios formales y sus alcances, que abarcan tanto responsabilidades de conducción como áreas de ejecución y cargos del Sistema Nacional de Empleo Público.

En el organigrama quedan la Unidad Gabinete de Asesores, las subsecretarías Legal, de Coordinación Administrativa, de Gestión Institucional y de Asuntos Presidenciales, además de la Casa Militar. La Subsecretaría de Planificación General deja de figurar en esa enumeración y se suprimen sus objetivos. Al mismo tiempo, se elimina el cargo extraescalafonario de coordinador de Asesoramiento Técnico que había sido creado con dependencia directa de la Secretaría General.

La Unidad Gabinete de Asesores incorpora tareas relacionadas con el patrimonio histórico y cultural y con la puesta en valor de los edificios del organismo. Deberá intervenir en la planificación de ese programa, gestionar políticas de conservación, restauración, investigación y difusión, y coordinar los asuntos correspondientes a las residencias de Olivos y Chapadmalal con la Casa Militar. También recibe funciones de planificación y gestión del Museo del Bicentenario y de coordinación del Paseo de la República de Olivos.

La Subsecretaría de Coordinación Administrativa suma responsabilidades sobre los servicios generales de la Secretaría y de los organismos a los que brinda asistencia. Tendrá seguimiento de los traslados terrestres del Presidente y de los integrantes del Poder Ejecutivo que le sean encomendados expresamente. La norma incluye viajes dentro y fuera del país y asigna al área la administración, el mantenimiento y el funcionamiento de Casa de Gobierno, las sedes administrativas, las cocheras y el transporte.

Las funciones de seguridad se distribuyen con una separación específica para las residencias presidenciales. La Casa Militar deberá organizar y supervisar la participación de los agentes y fuerzas involucrados en los protocolos de protección del Presidente. También queda a su cargo aprobar y ejecutar procedimientos de acceso a Casa Rosada, Olivos, Chapadmalal y las sedes administrativas. A esas tareas se agregan la intendencia, el mantenimiento y las condiciones de higiene, seguridad laboral y ambiente de las dos residencias.

El artículo que eleva la jerarquía del responsable del área Legal conserva la denominación de Subsecretaría. La decisión se refiere al rango de su titular y no anuncia en ese punto una designación personal. Por separado, el decreto reemplaza los objetivos de esa dependencia y aprueba nuevos anexos para los primeros dos niveles operativos de la Secretaría General. También homologa y reasigna funciones ejecutivas del personal comprendido en el SINEP.

La transición tiene una previsión expresa para las estructuras de nivel inferior: mientras se completa la reorganización, mantendrán sus tareas y dotaciones, y el personal conservará los cargos, niveles, grados y suplementos vigentes. El gasto se cubrirá con partidas de la propia Secretaría General. El decreto no informa un monto global de ahorro ni cuantifica un aumento del gasto; su implementación deberá seguir la distribución de responsabilidades y los anexos publicados junto con la norma.