El Gobierno de Bolivia respondió este domingo a Evo Morales y a sus seguidores después de que anunciaran una movilización a partir del 13 de octubre contra medidas económicas del Ejecutivo. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, sostuvo que el expresidente puede cuestionar las decisiones oficiales y convocar protestas pacíficas, pero rechazó los ultimátums y eventuales bloqueos.

Morales encabezó el sábado un congreso de sus partidarios en el trópico de Cochabamba. Allí reclamó la derogación de normas que, según su posición, favorecen privatizaciones y la entrega de recursos a empresas extranjeras. También dirigió acusaciones políticas contra la administración del presidente Rodrigo Paz. Esas expresiones son las afirmaciones del exmandatario y no hechos probados sobre la legalidad de las políticas cuestionadas.

Justiniano contestó mediante un comunicado de su cartera y recordó que Morales enfrenta órdenes de aprehensión. El ministro afirmó que corresponde presentarse ante la Justicia y ejercer allí el derecho de defensa. La existencia de procesos no autoriza a presentar las acusaciones penales como una culpabilidad establecida por sentencia.

Según la información de EFE, una orden dictada en julio está vinculada con protestas y cortes de rutas ocurridos entre mayo y junio. Esos bloqueos, que se prolongaron más de 50 días, provocaron problemas de abastecimiento y dejaron un saldo de víctimas informado por las autoridades. Morales afronta además otra investigación abierta desde 2024. Ambas causas son sensibles y requieren conservar la presunción de inocencia.

Los sectores que lo apoyan cuestionan, entre otras medidas, el retiro de la subvención al diésel, el cierre de empresas estatales deficitarias y el congelamiento de remuneraciones jerárquicas. La discusión combina política económica, derecho de manifestación, circulación y capacidad del Estado para sostener suministros básicos. Las posiciones siguen enfrentadas.

Bolivia se encuentra bajo un estado de excepción que el Gobierno dice sostener para garantizar paz y seguridad hasta diciembre. Ese contexto da mayor relevancia a las condiciones de cualquier convocatoria pública y a la respuesta de las fuerzas estatales. El anuncio de octubre todavía no equivale a bloqueos efectivamente realizados.

La novedad de este domingo es el intercambio entre el Gobierno y Morales. Para seguir el caso será necesario confirmar si la movilización se concreta, qué acciones adopta cada parte y cómo avanzan las causas judiciales. Esta pieza queda marcada para revisión por la gravedad de las acusaciones mencionadas.\n\nMorales gobernó Bolivia entre 2006 y 2019 y conserva seguidores organizados en Cochabamba. Su capacidad de convocar una protesta no permite anticipar cuántas personas participarán ni si habrá bloqueos. El 13 de octubre aparece como fecha anunciada por su sector, mientras el Gobierno responde ahora con un llamado a respetar límites legales.

Las medidas económicas cuestionadas tienen efectos distintos. La eliminación de una subvención al diésel repercute en costos de transporte y producción; el cierre de empresas estatales exige examinar situación financiera y empleo; la congelación de salarios jerárquicos alcanza a un grupo de funcionarios. La oposición de Morales a todas ellas no sustituye un análisis específico de cada disposición.

El ministro Justiniano insistió en la posibilidad de manifestarse pacíficamente. Esa formulación deja abierta una diferencia fundamental entre protestas y hechos que impidan circulación o abastecimiento. La experiencia de los cortes de mayo y junio pesa sobre la respuesta estatal, pero no prueba que una movilización futura tenga idéntico desarrollo.

Las órdenes judiciales contra el exmandatario son parte de la disputa pública y merecen un seguimiento separado. La fuente consultada informa que no se habían ejecutado; no aporta una sentencia condenatoria. Mantener esa precisión es necesario incluso cuando el debate político utiliza términos tajantes y acusaciones cruzadas.