El Gobierno anunció este viernes 2 de octubre en París un programa para que extranjeros soliciten la ciudadanía argentina mediante aportes al Estado o la suscripción de un título público. Luis Caputo y Diego Santilli lo presentaron durante la Argentina Week, en la embajada argentina en Francia. El anuncio incorpora montos y condiciones generales a un régimen cuya base normativa fue establecida en 2025.
La comunicación del Ministerio de Economía prevé que las solicitudes comiencen a recibirse durante el cuarto trimestre de 2026. Presenta dos alternativas para el postulante principal: un aporte no reembolsable de 350.000 dólares al Tesoro Nacional o la suscripción de un título público por 800.000 dólares, creado para el programa. El anuncio no acredita que el trámite ya esté abierto ni que el desembolso garantice la aprobación.
También se anunciaron condiciones para el grupo familiar. El cónyuge y los hijos de entre 18 y 25 años, solteros y sin hijos, podrán postularse mediante un aporte de 100.000 dólares por persona; para menores de 18 años, el monto será de 25.000 dólares. El ejemplo difundido para un solicitante principal, su cónyuge y dos hijos menores suma 500.000 dólares. Cada vínculo deberá acreditarse y las solicitudes quedarán sujetas a evaluación.
Los fondos deberán ingresar por el sistema financiero formal. Economía informó que se verificará la identidad, el origen lícito y la trazabilidad del dinero, junto con los antecedentes penales y migratorios y la situación patrimonial de los postulantes. La Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión conducirá la evaluación, con participación de organismos como la UIF y la SIDE. La decisión final corresponderá a la Dirección Nacional de Migraciones.
El antecedente central es el DNU 366/2025, publicado en mayo del año pasado, que modificó la Ley de Ciudadanía 346. Su texto incorporó el supuesto de extranjeros que acrediten una inversión relevante, cualquiera sea su tiempo de residencia. Además, facultó al Ministerio de Economía para definir qué inversiones encuadran en esa categoría y creó la agencia especializada. Entre sus competencias figuran recibir y evaluar pedidos, recomendar su aprobación o rechazo y publicar anualmente las inversiones recibidas mediante estos programas.
Luego, el Decreto 524/2025, publicado el 31 de julio, estableció el procedimiento administrativo. La agencia debe examinar si la inversión reúne los requisitos y solicitar informes a los organismos competentes antes de elevar una recomendación fundada a Migraciones. La norma incluye al Registro Nacional de Reincidencia y al Renaper entre las áreas que pueden intervenir. Si la inversión no califica o los informes recomiendan no otorgar la ciudadanía, corresponde proponer el rechazo.
Ese decreto también fijó un plazo de treinta días hábiles para que Migraciones resuelva desde que recibe el informe de la agencia. El cómputo comienza en esa instancia, después de la evaluación previa, por lo que no equivale a un plazo total asegurado desde la presentación inicial. La resolución debe estar fundada y puede conceder o rechazar el pedido. El mismo texto encargó a ARCA las adecuaciones necesarias para tramitar la CUIT de quienes obtengan la ciudadanía.
El Gobierno presentó la iniciativa como una vía para atraer capitales y reforzar la situación fiscal y financiera. La comunicación conocida este viernes describe el esquema y el período previsto para su funcionamiento; los resultados dependerán de su implementación, de las solicitudes efectivamente recibidas y de las decisiones que adopte Migraciones en cada expediente.
