La Cámara de Diputados de San Juan incluyó para su sesión del jueves 22 de octubre el proyecto que propone incorporar un régimen de subasta pública o compactación de vehículos decomisados. La decisión se tomó en Labor Parlamentaria el martes 20, bajo la presidencia del vicegobernador Fabián Martín. El tratamiento está previsto desde las 9 y representa una nueva instancia para una iniciativa que ya pasó por comisiones, pero que aún no puede presentarse como una ley sancionada.

El expediente 2298 fue enviado por el Poder Ejecutivo y modifica la Ley Provincial 1810-A. Según el resumen oficial de la Cámara, plantea un régimen complementario para la disposición final de los vehículos, con recuperación económica destinada a obras y programas sociales o ambientales. La novedad es su incorporación al temario del recinto, no el anuncio inicial del proyecto ni la apertura de una subasta.

En la presentación pública de la propuesta, difundida el 28 de septiembre por Telesol Diario, la ministra de Gobierno, Laura Palma, había explicado que el objetivo era sumar una alternativa para los rodados en condiciones de uso que permanecen en el depósito provincial de 9 de Julio. La funcionaria situó entonces la cantidad almacenada en alrededor de 10.000 unidades y describió un predio cercano al límite de su capacidad. Ese dato corresponde a aquella explicación, no a un relevamiento actualizado de octubre.

Palma había señalado que el esquema se orientaba a vehículos retenidos por infracciones de tránsito, bajo intervención del Ejecutivo y los juzgados de faltas. También había diferenciado esa situación de los rodados vinculados con causas delictivas y bajo órbita judicial, que quedarían fuera de la propuesta. Esa delimitación formó parte de la explicación de la ministra; el alcance definitivo deberá surgir del texto que eventualmente apruebe la Cámara.

Otro aspecto planteado por Gobierno fue la necesidad de evaluar el estado de conservación de las unidades antes de disponer su venta. La existencia de un vehículo en el depósito no implica por sí sola que pueda volver a circular. El proyecto contempla un procedimiento para identificar cuáles podrían destinarse a subasta y cuáles no reúnen esas condiciones, con la compactación como otra vía de disposición final.

La explicación inicial también incluyó la regularización documental en coordinación con los registros automotores y la posibilidad de participación de personas físicas y jurídicas. Sin embargo, la convocatoria legislativa publicada esta semana no establece lotes, precios base, inscripción de interesados ni fecha de remate. Para quien evalúe comprar un vehículo, no existe en ese anuncio una oferta comercial abierta ni un trámite habilitado.

El acuerdo de Labor Parlamentaria reunió a autoridades de la Cámara y representantes de los bloques oficialistas y opositores. Junto con el expediente de vehículos, prevé abordar cambios en la regularización dominial de terrenos provinciales destinados a viviendas familiares, convenios con organismos y un pedido de emergencia agropecuaria por heladas tardías. Son asuntos distintos que deberán tener su propio tratamiento y resolución.

La sesión permitirá conocer si la reforma recibe respaldo, si se introducen modificaciones o si continúa pendiente. Hasta entonces, la inclusión del expediente entre los despachos acordados no habilita a anunciar ventas ni a atribuir al Estado ingresos por una operatoria que todavía no fue implementada. Para el depósito de 9 de Julio, la discusión se centra en cómo disponer de los vehículos alcanzados por el régimen y qué destino dar a los recursos que eventualmente se obtengan.