La Cámara de Diputados de San Juan aprobó este jueves un proyecto para transferir a la Provincia dos inmuebles del programa Casa Activa bajo la órbita del Instituto Provincial de la Vivienda. Los complejos están en Chimbas y Pocito y pasarían a cumplir funciones del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano. La votación registró 21 votos afirmativos, cuatro abstenciones y tres negativos, en una sesión marcada por objeciones sobre la figura jurídica y la mayoría exigida.

El Ejecutivo propone utilizar el predio de Chimbas para abordar situaciones de consumo en menores y el de Pocito para atender a chicos sin un hogar. Cada conjunto fue construido con 32 viviendas, 20 monoambientes y 12 unidades de un dormitorio, dentro de un programa originalmente orientado a personas mayores. La autorización legislativa cambia el destino previsto de esos edificios; no implica que los nuevos servicios ya estén abiertos ni informa todavía cuándo empezarán a funcionar.

Parte del debate se centró en la titularidad y el régimen legal de los inmuebles. Legisladores del peronismo preguntaron si correspondía una donación y si había que desafectar previamente los bienes del destino habitacional fijado por la normativa del IPV. El oficialismo sostuvo que, como organismo autárquico con personalidad jurídica, el instituto puede transferirlos y afirmó que hubo revisión jurídica de la operación. Son posiciones expuestas durante la sesión, no conclusiones judiciales.

Según la cobertura del tratamiento, el texto aprobado exige que los predios se utilicen para funciones sociales del ministerio o del organismo que lo suceda. Un cambio de destino sin autorización legislativa previa sería motivo de revocación. También prevé la escritura de transferencia por la Escribanía Mayor de Gobierno y las mensuras necesarias. La aprobación del proyecto habilita ese itinerario administrativo, pero la transmisión del dominio requiere completar los actos correspondientes.

Tras la votación, el diputado Mario Herrero planteó que una transferencia de inmuebles necesitaba dos tercios de los votos de la Cámara y cuestionó la validez del resultado, que quedó por debajo de los 24 votos afirmativos que señaló como umbral. La nota consultada registra el planteo, pero no acredita una decisión final que anule la votación. Por eso el resultado debe describirse como aprobación legislativa con una objeción pendiente de aclaración, sin anticipar su desenlace.

El debate deja dos planos para seguir: la respuesta institucional al cuestionamiento de procedimiento y el plan concreto para adaptar los edificios a la atención de menores. La población originalmente destinataria de Casa Activa no debe confundirse con los futuros beneficiarios de los programas provinciales. La disponibilidad real de las instalaciones dependerá de la formalización patrimonial y de las obras, equipos y protocolos que anuncie el Ministerio de Familia.

El número de unidades existentes permite entender qué infraestructura se discute, pero no basta para saber si resulta apta sin cambios para los usos anunciados. El eventual funcionamiento de dispositivos destinados a chicos con problemas de consumo y a menores sin hogar requiere servicios, personal y condiciones específicas. La cobertura indica que el oficialismo citó inspecciones técnicas previas; no publica en la información consultada una fecha de apertura de los programas.

Las abstenciones no se deben sumar a los votos negativos: fueron cuatro legisladores que eligieron no acompañar ni rechazar la propuesta en el recuento divulgado. Herrero, Graciela Seva y Leopoldo Soler aparecen entre los tres votos en contra. El planteo posterior de Herrero apunta a una cuestión distinta, la mayoría necesaria para autorizar la transferencia. Ambas discusiones deben mantenerse separadas para que el lector entienda el resultado y la controversia.

La discusión incluye, además, la finalidad inicial de Casa Activa. El cambio de uso afecta dos predios que se habían diseñado para adultos mayores, mientras la Provincia propone programas sociales para otra población. Evaluar esa política exige conocer las razones por las que dejó de aplicarse el destino original y cómo se atenderán las necesidades para las que fueron construidos. La decisión de esta tarde abre ese proceso, pero no lo resuelve por completo.