La intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, anunció un proyecto de ordenanza para recategorizar a 256 empleados de planta permanente de la Municipalidad. La propuesta fue difundida este jueves 22 de octubre y deberá pasar por el Concejo Deliberante antes de su aplicación. Por ahora, el anuncio no equivale a una recategorización aprobada ni a una modificación ya incorporada a los salarios.
El universo informado comprende a trabajadores de distintas dependencias municipales: administración, servicios generales, obras públicas, mantenimiento y atención al público. La gestión explicó que la iniciativa busca reconocer la trayectoria del personal y las responsabilidades que cumple dentro de la estructura comunal. El alcance comunicado se limita a esos agentes de planta permanente; no se anunció un pase general a planta ni la incorporación de nuevos empleados.
Antes de formalizar la presentación, Rodríguez mantuvo reuniones con representantes de SUOEM y UPCN. En esos encuentros, según la información difundida sobre la iniciativa, se conversó sobre el alcance del proyecto y los criterios de antigüedad. La participación de los sindicatos corresponde a esa instancia de intercambio: las coberturas del anuncio no informan la firma de un acuerdo paritario ni una decisión del Concejo que sustituya el trámite previsto.
La Municipalidad ubicó el planteo dentro de una demanda de actualización del escalafón que considera postergada desde 2022. Esa referencia describe el antecedente invocado por la gestión para una medida de este tipo. La propuesta actual apunta a la ubicación de los trabajadores dentro de la carrera municipal y al reconocimiento de su recorrido laboral, no a una convocatoria abierta para cubrir puestos.
Rodríguez también vinculó la decisión con las condiciones presupuestarias del departamento. De acuerdo con el anuncio, Chimbas continúa administrándose con el presupuesto del ejercicio anterior. La intendenta sostuvo que esa limitación obliga a establecer prioridades, pero no debería traducirse en la postergación indefinida de los reclamos del personal. No se difundió, en la información consultada, una estimación del costo total que tendría la recategorización. Tampoco se anunció un porcentaje de aumento común para todos los trabajadores: la información disponible describe cambios en el escalafón de un grupo definido, sin publicar una nueva escala salarial completa para el municipio.
Al defender la iniciativa, la jefa comunal planteó que el Estado debe considerar tanto las necesidades de los vecinos como las condiciones laborales de quienes prestan los servicios municipales. Su argumento fue que el reconocimiento a los empleados no debería quedar únicamente en una declaración, sino expresarse en decisiones sobre su situación laboral. Se trata de la fundamentación política expuesta por Rodríguez para impulsar el proyecto.
La intendenta contrastó además su posición con las reformas laborales promovidas por el Gobierno nacional, que cuestionó por considerarlas un retroceso en derechos. Esa evaluación corresponde a Rodríguez y no constituye un efecto demostrado de la ordenanza anunciada. En el plano local, pidió el acompañamiento del conjunto del cuerpo deliberativo para avanzar con el reconocimiento de la antigüedad y la trayectoria de los trabajadores comprendidos.
Para los empleados alcanzados, quedan por conocerse precisiones relevantes: las categorías previstas, el impacto individual y la fecha desde la cual regiría el cambio. Ninguno de esos datos fue detallado en el anuncio consultado. El siguiente paso informado por la gestión es la firma y elevación del proyecto al Concejo Deliberante. Su tratamiento y las instancias administrativas posteriores determinarán si la propuesta se concreta y en qué condiciones.
