El gobierno boliviano presentó una estrategia antidrogas para 2026-2030 con una previsión de recursos cercana a los US$492 millones. El anuncio se produjo después de un informe de Naciones Unidas que registró una expansión de los cultivos de coca.

Según los datos de la UNODC citados en la noticia, la superficie pasó de unas 34.000 hectáreas a 36.400 en 2025, un aumento del 7%. La política anunciada por la administración de Rodrigo Paz combina medidas de salud pública con acciones de seguridad e inteligencia financiera.

Entre los ejes aparecen la prevención del consumo, la rehabilitación y el combate a organizaciones que participan en circuitos ilegales. El seguimiento de activos busca intervenir sobre la estructura económica de esas redes.

El cultivo de coca no debe equipararse automáticamente con producción de drogas: Bolivia reconoce usos tradicionales y un marco legal específico. El desafío anunciado incluye controlar excedentes y actividades ilícitas sin borrar esa distinción.