La Municipalidad de Albardón completó la urbanización de las 250 hectáreas iniciales de su Parque Industrial y prepara nuevas etapas de expansión. El intendente Juan Carlos Abarca informó a Tiempo de San Juan que el sector cuenta con pavimento, iluminación perimetral y agua potable en los lotes. El avance apunta a ampliar la capacidad para recibir proveedores y servicios vinculados con la minería.

La siguiente etapa contempla 500 hectáreas municipales contiguas. Otras 500, al otro lado de la Ruta Nacional 40, integrarían un crecimiento gradual según la demanda. Las 1.250 hectáreas constituyen, por lo tanto, la superficie proyectada. Abarca señaló que Vicuña tiene oficinas en el parque y adquirió 85 hectáreas adicionales para una futura base logística.

El desarrollo incluye calles de 30 metros de ancho, un bulevar central de ocho metros y una sala de capacitación para más de 50 personas. La información difundida este martes diferencia los servicios terminados del sector original de las intervenciones previstas en los terrenos que se incorporarán.

La ampliación ya formaba parte del programa municipal de este año. En la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, realizada en abril en el Teatro Municipal, Abarca anunció la incorporación de 500 hectáreas y ubicó la generación de trabajo como prioridad de gestión. Aquel planteo vinculaba la disponibilidad de suelo industrial con la llegada de inversiones privadas. El seguimiento del proyecto permite distinguir ese anuncio de expansión de las mejoras de infraestructura que ahora se informan en la superficie inicial.

El emplazamiento tiene una función que excede el límite departamental. El Plan Estratégico de Albardón, publicado en el portal provincial de planificación, sitúa al parque en Campo Afuera, sobre la Ruta 40 y a unos 19 kilómetros de la ciudad de San Juan. El documento describe un polo concebido para fabricar estructuras, suministros y servicios destinados a la minería metalífera. Esa localización lo conecta con los corredores que llevan hacia los emprendimientos de Jáchal, Iglesia y Calingasta.

El mismo plan explica que la oferta industrial buscaba reunir actividades metalmecánicas, electromecánicas, electrónicas y de asistencia técnica. Además, registró como antecedente un convenio de noviembre de 2021 con Deprominsa, entonces titular del proyecto Josemaría, para desarrollar prefabricación y preensamble de componentes que luego se utilizarían en la mina. Esa función permite realizar parte de los trabajos fuera de la cordillera. El diagnóstico también propuso diversificar la radicación hacia rubros tecnológicos y mejorar los servicios disponibles, objetivos que no equivalen a obras ejecutadas.

La provisión de infraestructura básica acompaña al parque desde su creación. La Resolución nacional 201 de 2010 documenta su carácter público y las ordenanzas municipales que lo constituyeron. En ese momento se aprobó un aporte para materiales de la red interna de agua potable, complementado con recursos locales destinados al bombeo y la distribución. El antecedente muestra el papel del municipio en la preparación de los lotes: el suelo destinado a industrias necesita instalaciones compartidas para sostener la actividad de las empresas.

En 2015, otra resolución del Ministerio de Industria autorizó financiamiento para construir la red interna de electricidad. La medida consignó un presupuesto histórico de algo más de $3,3 millones, con aporte nacional y contrapartida municipal, y vinculó la obra con la seguridad y la incorporación de emprendimientos. Son inversiones de aquella etapa, no el presupuesto de la ampliación actual. El próximo crecimiento del predio deberá sumar infraestructura sobre las nuevas superficies a medida que avance la radicación empresarial.