La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) rechazó este viernes una sentencia dictada en Las Lomitas, Formosa, contra cuatro integrantes de un equipo audiovisual del programa Hambre de Futuro, emitido por LN+. Según la cobertura difundida por Diario Huarpe, la resolución prevé cinco días de arresto o una multa superior a 280.000 pesos para cada periodista. La entidad pidió una revisión inmediata del fallo.

La sanción se vincula con una cobertura realizada en la Comunidad San José. La información publicada identifica a los periodistas como Lautaro Guillamondegui, Micaela Urdinez, Joaquín Rajadel y Javier Corbalán. El juzgado habría aplicado el artículo 73 del Código de Faltas provincial al considerar que realizaron una actividad sin la autorización previa requerida y sin una credencial habilitante. Esos son los fundamentos atribuidos a la sentencia, cuya versión íntegra y situación procesal no fueron consultadas de manera independiente para esta edición.

Adepa sostiene que exigir una autorización estatal para ejercer el periodismo afecta la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a recibir información. Su pronunciamiento se refiere a la exigencia de un carnet como condición para investigar y publicar hechos de interés público. La organización agrupa a medios de distintas provincias, entre ellos Diario Huarpe, y tomó posición contra la medida judicial.

La discusión abre dos preguntas diferentes: qué ocurrió durante la presencia del equipo en la comunidad y si la falta contravencional invocada puede aplicarse a una tarea periodística. De acuerdo con el relato publicado, los trabajadores contaban con un permiso inicial para ingresar y se retiraron cuando se les solicitó. Esos antecedentes y la fundamentación judicial deberán contrastarse con el expediente completo y con la versión de las partes involucradas.

La noticia es la sentencia y el rechazo institucional conocido hoy. La cobertura consultada no permite afirmar que los periodistas hayan sido detenidos ni que la resolución esté firme. El curso de una eventual apelación, y el modo en que la Justicia responda a los cuestionamientos, definirán el alcance práctico del caso.