El Senasa informó que realizó 1.347 inspecciones en granjas avícolas de Entre Ríos en lo que va de 2026. El 81% de esas actuaciones se concentró en establecimientos dedicados a la producción de carne aviar. Los datos fueron difundidos este viernes, tras un encuentro con representantes públicos y privados para unificar criterios de fiscalización y revisar las condiciones de bioseguridad.
El balance se presentó en la Estación Experimental del INTA de Concepción del Uruguay. Participaron integrantes del Programa Nacional de Sanidad Aviar, agentes de oficinas locales del Senasa, especialistas del INTA, veterinarios acreditados y referentes de empresas productoras de carne aviar y huevos. La comunicación no precisa la fecha exacta de la reunión, por lo que la novedad del 23 de octubre es la difusión de sus resultados.
La provincia cuenta con 2.353 registros avícolas habilitados por el organismo, distribuidos en 16 departamentos. Concepción del Uruguay, Paraná y Colón concentran el 64% de los establecimientos registrados. Esa distribución describe dónde se localiza la actividad bajo registro; no es una medición de participación en el volumen de carne o huevos producido.
Las inspecciones relevaron el funcionamiento de las instalaciones y las medidas destinadas a impedir que las enfermedades ingresen en los predios, se diseminen dentro de ellos o alcancen otras granjas. Entre los aspectos observados estuvieron el mantenimiento de mallas antipájaros, las composteras y los sistemas de desinfección. El Senasa señaló que se identificaron oportunidades de mejora para impulsar medidas correctivas.
El número de inspecciones no permite calcular cuántas granjas distintas fueron visitadas. Un establecimiento puede recibir más de una actuación, y el comunicado no publica una nómina ni una cobertura individual del padrón. Tampoco ofrece una cantidad de sanciones o de predios con incumplimientos. Por ese motivo, el balance no equivale a afirmar que una proporción determinada de la producción tenga problemas sanitarios.
El objetivo del encuentro fue compartir criterios entre quienes fiscalizan, asesoran y producen. La bioseguridad requiere mantener barreras de manera continua y coordinar el trabajo dentro y fuera del establecimiento. En esta reunión, el análisis se centró en el registro provincial, el despliegue de controles y las condiciones que pueden mejorarse en las instalaciones.
El Programa Nacional de Sanidad Aviar explica que los requisitos de manejo, higiene y bioseguridad forman parte de la habilitación de granjas de engorde, producción de huevos, reproducción y plantas de incubación. Estas exigencias buscan reducir tanto el ingreso como la salida de agentes que puedan afectar la producción. No se limitan a una revisión documental de la actividad.
Además de las condiciones de los predios, el programa desarrolla vigilancia mediante la toma y el análisis de muestras. Distingue acciones activas y pasivas, incluyendo la recepción de avisos de sospechas. Las inspecciones de instalaciones y el diagnóstico de laboratorio son herramientas complementarias, pero una no sustituye a la otra ni permite atribuir por sí sola una enfermedad a una granja.
La información oficial identifica a los veterinarios acreditados como participantes de esas tareas, junto con los equipos del organismo. Su actuación incluye cumplir las decisiones sanitarias y notificar las enfermedades de denuncia obligatoria conforme al sistema de vigilancia. La articulación con el sector privado permite trabajar sobre las condiciones concretas de producción y sobre la implementación de correcciones.
El comunicado difundido este viernes no anuncia un brote nuevo, una clausura ni una modificación de las reglas nacionales. Presenta un balance de fiscalización y una instancia de coordinación en una provincia con fuerte presencia avícola. El próximo paso señalado es fortalecer las condiciones sanitarias mediante las mejoras relevadas y sostener criterios comunes de control.
