El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó una garantía de inversión de USD 200 millones, con un plazo de 25 años, para respaldar dos proyectos de ampliación de la red eléctrica argentina. Las obras se integran al Sistema Argentino de Interconexión, conocido como SADI, que conecta la infraestructura de transporte del país. La Secretaría de Energía informó la decisión este jueves 22 de octubre y precisó que el instrumento cubrirá las obras de AMBA I y del corredor Puerto Madryn–Choele Choel / Choele Choel–Bahía Blanca.

La aprobación representa un respaldo financiero para atraer inversión privada, no la inauguración de las líneas ni un desembolso equivalente al costo total de las obras. Según la cartera energética, la garantía busca reducir riesgos para los inversores y facilitar compromisos de largo plazo. El Gobierno estima que el programa podrá beneficiar de manera directa a 16 millones de usuarios, entre hogares y empresas, mediante un suministro más confiable.

El anuncio concreta una instancia que todavía estaba pendiente a comienzos de octubre. En la presentación de AMBA I ante inversores, realizada el día 8, la representante del Grupo BID en la Argentina, Viviana Alva Hart, había explicado que la propuesta de garantía estaba en estructuración y dependía de la decisión del Directorio Ejecutivo. Esa condición cambió con la aprobación comunicada ahora por Energía.

AMBA I apunta a reforzar el abastecimiento del Área Metropolitana de Buenos Aires, una región que concentra aproximadamente el 40% de la demanda eléctrica nacional. El proyecto contempla 270 kilómetros de líneas en tres niveles de tensión: 500, 220 y 132 kilovoltios. También incluye una nueva estación transformadora en Plomer, equipos de compensación reactiva y conexiones complementarias con las distribuidoras que operan en esa zona.

La inversión estimada para AMBA I es de USD 800 millones, de acuerdo con la presentación oficial de la licitación. El diseño prevé dos etapas y un plazo máximo de construcción de 52 meses. Energía informó que la ampliación permitiría abastecer aproximadamente 2.000 megavatios adicionales de demanda. Esas cifras describen capacidades y plazos previstos del proyecto, por lo que no corresponden a infraestructura ya incorporada al servicio.

El esquema elegido es una concesión de obra pública que reúne construcción, operación y mantenimiento a cargo de un adjudicatario privado. En la conferencia del 8 de octubre participaron bancos, fondos de inversión, constructoras, estudios jurídicos y representantes diplomáticos. Los equipos oficiales expusieron allí los componentes técnicos, financieros y regulatorios del proceso, mientras el BID aportaba asistencia sobre la licitación y el diseño contractual.

El otro corredor respaldado por la garantía vincula Puerto Madryn, Choele Choel y Bahía Blanca. Ambos proyectos forman parte del Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico, que reúne 16 iniciativas estratégicas. Para el conjunto del plan, el Gobierno prevé inversiones superiores a USD 6.600 millones y la incorporación de 5.610 kilómetros de líneas de 500 kilovoltios. No debe confundirse ese presupuesto global con los USD 200 millones de garantía aprobados por el banco.

La operación es la primera individual dentro de una Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión, identificada por la sigla CCLIP. Para AMBA I, además, las condiciones de la licitación permiten que quien resulte adjudicatario solicite la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. El respaldo anunciado suma una herramienta al financiamiento previsto, mientras la contratación y la ejecución de las obras conservan sus propias etapas y requisitos.