El Gobierno nacional presentó a inversores los aspectos técnicos y financieros de AMBA I, el proyecto de ampliación del transporte eléctrico que contempla una inversión aproximada de USD 800 millones. La información fue difundida este jueves 8 de octubre por el Ministerio de Economía después de una conferencia con funcionarios, empresas, bancos y representantes diplomáticos. La iniciativa sigue en proceso licitatorio: la reunión no implicó una adjudicación ni el comienzo de las obras.

Según el detalle expuesto por el subsecretario de Energía Eléctrica, Damián Sanfilippo, el proyecto comprende 270 kilómetros de líneas de 500, 220 y 132 kilovoltios y la incorporación de 2.160 megavoltamperios de capacidad. El esquema presentado prevé dos etapas y un plazo de inversión estimado en 52 meses. Se trata de infraestructura para transportar y transformar electricidad; esos valores no corresponden a la potencia de una nueva central generadora.

La conferencia se realizó bajo el título «La Reconstrucción del Sistema Argentino de Transmisión Eléctrica». Participaron el viceministro de Economía, José Luis Daza; el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González; la secretaria de Energía, María Tettamanti, y Sanfilippo, junto con autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo. Los equipos oficiales explicaron el diseño técnico, legal, regulatorio y financiero ante potenciales participantes del proceso.

Uno de los puntos centrales es la garantía que se encuentra en preparación con el BID. La representante del organismo en Argentina, Viviana Alva Hart, indicó que el banco trabaja en su estructuración y aporta asistencia técnica para la licitación y el contrato. La cobertura continúa sujeta a la aprobación del Directorio Ejecutivo: no constituye todavía un respaldo financiero otorgado. Su propósito, según la presentación oficial, es reducir determinados riesgos y facilitar la participación de capital privado.

La modalidad elegida es una concesión de obra pública que comprende construcción, operación y mantenimiento. González explicó que el Gobierno optó por ese mecanismo para que el sector privado realice la inversión. La Resolución 202/2026 de la Secretaría de Energía, publicada el 12 de agosto, ya había autorizado el llamado nacional e internacional y aprobado los pliegos. Por eso, la novedad de esta jornada es la presentación del proyecto a los inversores dentro de un procedimiento que tiene antecedentes administrativos concretos.

La normativa dispone que la licitación se tramite mediante CONTRAT.AR y que las ofertas y consultas se presenten en esa plataforma. También contempla la posibilidad de que el futuro adjudicatario solicite la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. Esa habilitación no equivale a una incorporación automática: la empresa deberá cumplir los requisitos legales y reglamentarios y atravesar el procedimiento de evaluación correspondiente ante la autoridad de aplicación.

El diseño financiero contiene otros componentes además del capital privado. La misma resolución autorizó aportes al adjudicatario provenientes de la Cuenta de Exportaciones del Fondo de Estabilización del Mercado Eléctrico Mayorista, bajo las condiciones de los pliegos. Para la eventual garantía del BID, sus considerandos describieron una cobertura de hasta seis meses de remuneración al concesionario y una vigencia posible de hasta 25 años, siempre pendiente de las aprobaciones y términos definitivos del banco.

AMBA I integra un programa más amplio de 16 iniciativas de transmisión. Economía informó que el plan nacional contempla inversiones por más de USD 6.600 millones y 5.610 kilómetros de líneas de 500 kilovoltios. El objetivo declarado es aliviar restricciones de transporte y reforzar la confiabilidad del abastecimiento. La cartera anticipó que repetirá las presentaciones a actores financieros y empresariales para otras licitaciones; la selección de oferentes, los contratos y la ejecución serán las instancias que deberán convertir esos proyectos en infraestructura efectiva.